POR LEONEL FERNANDEZ.- El pasado seis de noviembre, en el programa La Semanal con la Prensa, al responder una pregunta, el presidente de la República manifestó que en el país “no se está comprando carnes de Brasil”.
De igual manera lo negó, posteriormente, el ministro de Agricultura, indicando que en el país no hay libre importación de carnes y derivados de Brasil; y que lo que hay son “malas interpretaciones de personas, asociaciones y grupos políticamente interesados sobre importaciones de carnes de Brasil que son falsas”.
Tanto el presidente de la República como el ministro de Agricultura pretenden ignorar que el 10 de abril de este año 2023, el Departamento de Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería, del Ministerio de Agricultura, comunicó a su colega en Brasil que los resultados de la homologación habían sido satisfactorios para el inicio de las exportaciones de carnes de res y de cerdo hacia la República Dominicana.
Pero, igualmente ocurrió cuando el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana, remitió 55 certificados a establecimientos brasileños cárnicos, autorizando la exportación de carnes desde Brasil hacia la República Dominicana.
Eso está debidamente documentado. De manera que no es falso. Por consiguiente, lo que se pone de relieve es una de dos: o que tanto el presidente de la República como el ministro de Agricultura deliberadamente le mienten al país, o que ambos están en el limbo, permitiendo a sus subalternos que actúen sin control.
Frente a los permisos concedidos reaccionaron, entre otras, la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, el Patronato Nacional de Ganaderos y la Asociación Nacional de Productores de Ganado de Carne (ASOCARNE).
Esta última denunció que Brasil ha sido declarado positivo en fiebre aftosa y de enfermedades graves como la EEB o Vaca Loca, de las que la República Dominicana está libre.
Plaga de Importaciones
Por otra parte, si por algo se ha caracterizado esta gestión de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), es por haber incrementado en forma desmesurada las importaciones agroalimentarias en los últimos tres años.
Así lo demuestran las estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA). En el año 2019, el monto de las mismas fue de 3,109 millones de dólares. En el 2022, de 5,227 millones, para un incremento de 2,118 millones (68%); y se estima que para este año 2023, superarán los 6 mil millones de dólares, esto es, el doble del monto del 2019.
Algunos ejemplos del aumento del volumen de las importaciones son los guandules, con un alza de 788%; el ajo, con un incremento de 93%; la cebolla, 99%; la papa, 85%; y el cerdo y sus derivados, cuyas importaciones han subido un 177%.
Una muestra de la voracidad importadora del gobierno del PRM, fue la aprobación en abril del 2022 de la ley no. 6-22 o Tasa Cero, mediante la cual se eliminaban los aranceles a la importación de 67 productos alimenticios durante seis meses.
El argumento para dicha medida se fundamentaba en la necesidad de disminuir la inflación y, por consiguiente, abaratar los precios, a pesar de la oposición expresada por todas las federaciones y asociaciones de productores de agro-empresarios y la sociedad civil en general.
La referida ley, además de no lograr su objetivo de disminuir la inflación, provocó un impacto negativo en los productores agropecuarios al importar rubros que coincidían con el momento de la cosecha local, afectando la comercialización y la rentabilidad de la producción nacional.
Por el contrario, favoreció a unos 170 empresarios importadores que se beneficiaron con una exención arancelaria superior a los 1,700 millones de pesos, según informaron las propias autoridades nacionales.
De productores a importadores
Como se sabe, la República Dominicana se ha caracterizado por ser un país productor y exportador de azúcar. De manera extraña, sin embargo, en los últimos meses se produjo una escasez de azúcar en el país.
Para enfrentarlo, INAZUCAR aprobó una importación de 40 mil toneladas que, además de no disminuir los altos precios que estaba experimentando el dulce, tampoco eliminaba el desorden en el otorgamiento de permisos para su importación.
Para intentar solucionar el problema y suplir el desabastecimiento, el pasado 2 de octubre, el presidente de la República sometió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, que grava con tasa cero el arancel de aduanas a la importación de azúcares, durante un período de tres meses.
Resulta sorprendente, empero, que el artículo 2 del mencionado proyecto de ley daría potestad al Poder Ejecutivo para gravar con tasa cero de arancel durante un período de seis meses cualquier producto de la canasta básica familiar sin la necesidad de recurrir al Congreso Nacional.
¿Qué significa esto último?
Significa, de manera automática, que el gobierno tendría la autorización para importar, exento del pago de los impuestos aduanales, cualquier producto agroalimentario que se produce en el país, durante un período de seis meses.
En lugar de autorizar la importación de insumos, exentos del pago de arancel, para la producción de bienes de la agropecuaria nacional, el gobierno, por el contrario, aprueba la importación de productos terminados.
El sector agropecuario produce el 85% de los alimentos que consume el pueblo dominicano, lo que constituye un motivo de orgullo y seguridad para nuestra sociedad.
Sin embargo, el actual gobierno ha pretendido sustituir una sociedad de productores, por una sociedad de importadores, con lo cual pone en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de la nación dominicana.
Por supuesto, no lo conseguirá. Pero, al pretenderlo, ha logrado contaminar hasta la propia reelección de fiebre aftosa y de vaca loca.
