POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Lo manda la ley. Y avalan las estadísticas. Imposible oponerse al uso de los alcoholímetros para evitar, limitar, sancionar a quienes conduzcan con altos niveles de alcohol en su sangre.
La preocupación es si el “piloto” se mantendrá cuando escalen conflictos de borrachos con autoridades y el gobierno entienda que la medida provoca ruido o cuando se agoten los aparatos donados y haya que buscar recursos presupuestarios.
República Dominicana tiene el deshonroso liderazgo de más muertes por cada cien mil habitantes en accidentes de tránsito, sobre 30 por ciento desde hace años, con el alcohol presente en el 70 por ciento de los computados en 2019.
Más muertes por estos siniestros que por Covid (2,416) en 2020 (2,711) y 2019 (3,204). Se agrava en jóvenes entre 24 y 35 años al sumarse el consumo de drogas narcóticas, fundamentalmente marihuana.
Médicos estiman que por cada fallecido quedan cuatro con lesiones permanentes y 10 con lesiones de consideración, con repercución económica personal y familiar.
El 2019, el 30 por ciento de las amputaciones de brazos y piernas estaba vinculada a accidentes de tránsito, según estadísticas de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.
Estos datos reflejan que los choques en vías públicas, además de tragarse gran parte del presupuesto del ministerio de Salud, provocan más daños que los registrados por muchas de nuestras guerras lo que obliga a medidas extremas, ausentes en todos los gobiernos.
Los diferentes partidos han optado por evitar medidas correctivas que puedan alcanzar a los transportistas sindicalizados (empresarios del transporte), limitándose a operativos coyunturales cuando algunas tragedias impactan el ánimo público o llaman la atención internacional por el fallecimiento turistas.
El colmo es que los choferes de “concho” están exceptuados legalmente del uso del cinturón y que de 3.3 millones de motocicletas que circulan en el país, protagonistas de la mayoría de los accidentes, alrededor de 2 millones carecen de registros.
¡Explíquele eso a un alemán!
Las dudas sobre medidas permanentes de regulación, simple aplicación de la ley, están fundadas en los referidos absurdos.
Uno no quisiera pensar que se “encontraron” en una gaveta unos alcoholímetros donados en 2018 y que se dispuso usarlo en un plan piloto para evitar que se dañen y que la mejor área para el ensayo es la zona céntrica del Distrito Nacional.
En sectores de clase media, la medida ha sido recibida con ojerizas por la “cultura” (excelente excusa) del consumo de alcohol en los vehículos, y en sectores populares donde reinan colmadones y “drinks” no se han molestado en indagar sobre el asunto.
Y es que dos “pequeñas” revientan el aparato, que mide niveles de alcohol en sangre, permitido hasta un 0.5, por ciento muy por encima de los límites de Estados Unidos donde muere una persona cada 39 minutos en accidentes en los que está presente el alcohol.
Algunos han opinado que era conveniente una campaña previa a los operativos, pero lo cierto es que la legislación es del 2017, y que la “mejor promoción” de advertencia son los accidentes diarios vinculados al consumo de las bebidas alcohólicas.
Los fiscalizados con excesivo consumo de alcohol serán retenidos hasta que un familiar sobrio pueda “rescatarle” con todo y vehículo. Si no es localizado un pariente deberá permanecer hasta que los agentes, que la habrán servido agua, determinen que está apto para conducir.
Las multas van desde 5 a 10 salarios mínimos, pero sería más eficiente, si hay reincidencia, la reducción del puntaje en la licencia.
Son muchas las medidas que permiten una efectiva organización del tránsito y la disminución de los accidentes de tránsito.
¿Aplicará gobierno la ley, sin recule?
