América Latina y el Caribe perdieron unos 26 millones de puestos de trabajo en el 2020, a raíz de la caída a 51,7 % de la tasa promedio de ocupación durante la pandemia, una reducción de cinco puntos porcentuales, reveló la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
Al cierre del 2020, la tasa de ocupación promedio de la región se redujo de 57,4 a 51,7 %, una caída que equivale a la pérdida de alrededor de 26 millones de empleos, precisó la nota técnica de la Oficina Regional de la OIT «Transitando la crisis laboral por la pandemia: hacia una recuperación del empleo centrada en las personas».
Agregó que un 80 %, más de 20 millones de personas, salieron de la fuerza de trabajo por una serie de factores estructurales en la región.
«La búsqueda de una mejor normalidad va a requerir de acciones ambiciosas para recuperarnos de los retrocesos en el mundo del trabajo», expresó Vinícius Pinheiro, director de la OIT para América Latina y el Caribe, en una nota de prensa de la entidad.
El representante regional señaló que en la búsqueda de la recuperación «resultará ineludible abordar las condiciones preexistentes en la región, que son claves para entender por qué el impacto de la pandemia en el empleo fue tan fuerte».
Entre ellos mencionó a la «alta informalidad, reducidos espacios fiscales, persistente desigualdad, baja productividad y escasa cobertura de la protección social, sumados a problemas que aún persisten como los de trabajo infantil y trabajo forzoso, son parte de las asignaturas pendientes en la región».
Además de los empleos perdidos, la región experimentó una fuerte contracción de las horas trabajadas, y reducción de los ingresos laborales, que representan 80 % de lo que perciben las personas en América Latina y el Caribe.
Según los datos disponibles de siete países de la región, la recuperación del empleo en la segunda mitad de 2020 ha estado impulsada por el crecimiento del empleo informal, que responde al 60 % del incremento total del empleo.
La especialista regional en economía laboral de OIT y autora del informe, Roxana Maurizio, afirmó que «existe un alto riesgo de informalización que se suma a los ya elevados niveles de informalidad laboral que tenían los países antes de la pandemia».
«El déficit de trabajo formal, a su vez, probablemente se hará más evidente para ciertos grupos de trabajadores como los jóvenes, las mujeres y los adultos con menores calificaciones, grupos que estructuralmente exhiben mayores dificultades para insertarse en un puesto formal», anotó Maurizio.
La experta observó que «las perspectivas de recuperación económica para 2021 son modestas y aún muy inciertas, por lo que las expectativas acerca de una posible reversión de la situación crítica del mercado de trabajo deberían ser muy cautelosas»., anunció este jueves una serie de medidas de alcance limitado para atajar la violencia con armas de fuego en su país, y exigió al Congreso que deje de tolerar un problema que describió como una «vergüenza a nivel internacional».
Dos semanas después de los tiroteos masivos que dejaron 18 muertos en Georgia y Colorado, Biden desveló varias iniciativas para contener la violencia armada, pero reconoció que no podrá hacer demasiado por su cuenta si el Congreso no deja de bloquear cualquier intento de aumentar el control de las pistolas y rifles.
«La violencia armada en este país es una epidemia. Y es una vergüenza a nivel internacional», denunció Biden.
El mandatario recordó que cada día mueren 106 personas por disparos de armas de fuego en Estados Unidos, todos los meses hay 53 feminicidios cometidos con pistolas, y que la violencia armada «impacta mucho más a la población negra y latina».
«La idea de que muera tanta gente todos y cada uno de los días en Estados Unidos por violencia armada es una mancha en nuestro carácter como país», subrayó.
Pocas esperanzas en el Congreso
El margen de maniobra de Biden para afrontar el problema de forma unilateral es muy reducido y la minoría republicana en el Senado tiene los votos suficientes para impedir cualquier reforma de gran calado.
Biden dejó clara su frustración al respecto, al denunciar los «hipócritas» argumentos de los conservadores -y de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), que financia muchas campañas políticas- de que no puede limitarse en absoluto el derecho a portar armas porque lo garantiza la segunda enmienda de la Constitución.
«Ninguna enmienda a la Constitución es absoluta. No puedes gritar que hay un incendio cuando estás en un cine y llamarlo libertad de expresión», dijo el mandatario.
Por eso, insistió en que el Congreso debe prohibir las armas de asalto y los cargadores de munición de gran capacidad, como hizo entre 1994 y 2004; además de aprobar dos proyectos de ley que «cerrarían los vacíos legales» en el sistema de verificación de antecedentes de los compradores de armas.
Añadió que si los legisladores solo estuvieran dispuestos a aprobar una única medida sobre control de armas, les pediría que «eliminaran la inmunidad que tienen los fabricantes de armas», que son la «única industria del país» que no puede ser demandada en los tribunales por los daños que provocan sus productos.
Contra las «pistolas fantasma»
Entre las medidas unilaterales que Biden anunció este jueves, destaca su orden al Departamento de Justicia para que, dentro de un mes, presente una norma que ayude a frenar la proliferación de armas de fabricación casera, conocidas como «ghost guns» (pistolas fantasma).
Esas pistolas se pueden ensamblar en aproximadamente media hora a partir de kits con piezas que están a la venta y son difíciles de rastrear para las autoridades, porque carecen de número de serie.
«Quiero que requiramos que los vendedores y fabricantes hagan las partes clave con números de serie y verifiquen los antecedentes de quienes quieran comprar» los kits, explicó Biden.
El Departamento de Justicia también desarrollará en un plazo de dos meses medidas para regular unos dispositivos llamados «arm brace», que al acoplarse convierten armas cortas en rifles, haciéndolas mucho más precisas.
El autor del tiroteo en un supermercado de Boulder (Colorado) que dejó 10 muertos hace dos semanas usó uno de estos dispositivos en su matanza, en la que no hubo supervivientes.
Además, el Gobierno de Biden publicará dentro de dos meses una orientación para que más estados aprueben leyes que permiten a los jueces prohibir temporalmente el acceso a armas de fuego a ciertas personas que pueden resultar peligrosas para sí mismas o para otros, bajo solicitud de sus familiares o de las autoridades.
Diecinueve estados del país ya han aprobado legislación de ese tipo, según la Casa Blanca, y Biden quiere que el Congreso impulse un proyecto de ley a nivel nacional.
El presidente ordenó además que el Departamento de Justicia emita un informe anual sobre tráfico de armas y anunció su plan de nominar a un defensor del control de armas, David Chipman, como nuevo jefe de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés).
No está claro si la nominación de Chipman superará el filtro del Senado, que no ha confirmado a ningún director de la ATF desde 2013 y donde el debate de las armas levanta pasiones.
«Solo es el principio»
«Esto solo es el principio. Tenemos mucho trabajo por hacer», aseguró Biden, al prometer más decretos para subsanar lo que considera una «crisis de salud pública».
Entre los invitados a su discurso en la Casa Blanca estaba la excongresista demócrata Gabrielle Giffords, gravemente herida de bala en un tiroteo en Arizona en 2011 y que se ha convertido en una de las activistas más conocidas del país contra la violencia armada.
Después de más de dos décadas de inacción en el Congreso ante la violencia armada, Giffords dejó claro este jueves que sigue dispuesta a recordar a los legisladores las dimensiones del problema.
La organización que lleva su nombre anunció que la próxima semana instalará frente al Capitolio un monumento en memoria a los casi 40.000 estadounidenses que mueren cada año por la violencia armadas, mediante 4.000 jarrones que llevarán cada uno diez rosas blancas de seda.
EFE
