POR TOMAS AQUINO MENDEZ.- La decisión de “separar” de un empleo en una institución estatal a un dominicano, es un derecho del funcionario que designe el presidente de la República. Lo que, desde mi punto de vista, debe tener claro quien recurra a esa decisión, es que a la persona que va a sustituir, más si es de Carrera Civil, debe reconocerle sus derechos laborales.
Darle sus prestaciones y respetarle el tiempo dedicado a servir en esa entidad. Erróneamente, muchos de los despedidos MALDICEN al Presidente de turno, quien muchas veces ignora lo que hace uno de sus subalternos.
Por ejemplo en Comunidad Digna, han sido cancelados “formalmente” 6 empleadas.
Otros 6 están “desvinculados” desde diciembre. Ni uno ni otro ha cobrado su salario desde diciembre. Estoy seguro que el presidente Luis Abinader ignora lo que está pasando en esa entidad.
Quienes la dirigen, David Polanco y Quilvio Mateo, provienen de los grupos populares.
Personas que luchan para que el país tenga mejor educación, salud, empleos y alimentación.
Es su derecho hacer “espacio” a sus compañeros.
Lo que deben tener claro es que no están por encima de la Constitución ni la Ley.
Emitir cartas de cancelación, sustentadas en falsas violaciones constitucionales, no debe ser su actitud.
Aunque dicen que actúan a nombre del presidente Abinader, estoy seguro que las manos del Primer Mandatario, no tomarán una pluma para firmar el despido de empleados humildes, capacitados y de carrera.
Insisto, no es que no tengan derecho a sustituir un dominicano por otro, lo que deben es cumplir el mandato legal y respetar el derecho de los despedidos.
Muchos de esos servidores tienen ese ingreso como único sustento. Condenarlos a esperar meses o años para recibir sus prestaciones, es injusto.
El presidente lo dijo al llegar: “Gobernaré, para todos los dominicanos”
