El movimiento ambiental dominicano tiene en el biólogo Luis Carvajal a uno de sus más férreos activistas.
De hablar fuerte y directo “a la llaga”, el coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y miembro de la Academia de Ciencias de la Republica Dominicana aporta precisión y ciencia al tema de la defensoría de los recursos naturales.
En julio de 2020, antes de que las nuevas autoridades asumieran su gestión, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas de la República Dominicana, de la que Carvajal forma parte, planteó cinco prioridades a tomar en cuenta para mejorar la gestión ambiental.
Un año después, ¿cómo ve el ambientalista los resultados de la propuesta y cuál prioridad recomendaría actualmente asumir sin demora?
“Cerraba diciendo ese documento que había que poner atención especial al agua y que para poder atender el agua había que mirar el ordenamiento del territorio”, repasa Carvajal en el Encuentro Verde de Listín Diario.
Explica que, pese a que República Dominicana no tiene una ley de ordenamiento territorial, hay un ordenamiento táctico que está siguiendo simplemente una de tres situaciones: “en los entornos urbanos el valor inmobiliario de los espacios; en el entorno rural y de montaña el poder económico y político de quien lo pretende, y en el aspecto fundamental de los recursos, el poder político económico internacional que manifiestan fundamentalmente las grandes mineras”.
“No hay en República Dominicana un solo río que no se encuentre en su naciente o su cuenca media alta atravesando o adentro de una concesión minera”, advierte.
Pone como ejemplo la controversia binacional que hay sobre la canalización por parte de Haití del río Dajabón o Masacre.
“El río Masacre nace en una concesión que tiene la minera Barrick Gold que se llama Pico de Gallo, en la loma Pico de Gallo. Y todos sus afluentes están dentro de concesiones mineras”.
Eso mismo ocurre, dice Carvajal, con los ríos transnacionales que nacen en el Parque Nacional Nalga de Maco, o en el desaparecido parque Manolo Tavárez, “desaparecido producto del poder extremo y politiquero de un senador que logró que el Tribunal Constitucional lo eliminara”, apunta.
Sobre el monumento natural Dunas de Baní, señala que su ocupación varía en función de quién está en el poder y de qué guardia tiene vínculos, “de manera que usted puede ir ahora e identificar la raíz política o militar de cada uno de los ocupantes”.
“Yo espero ciertamente verlos en los tribunales, señor ministro”, le dice Carvajal a Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente.
Ambos participaron junto a otros invitados en un encuentro especial organizado por Listín Diario para celebrar los 10 años de Vida Verde.
SOBRE LAS MINERAS
Carvajal explica que el movimiento ambiental tiene un nivel de comunicación directa con el ministro, aunque las reacciones del Ministerio no vayan a la velocidad que los ecologistas esperan.
“Nosotros cooperamos a un ritmo distinto y percibimos las problemáticas con intensidades distintas”. Por ejemplo, entiende que un país como el nuestro, que forma parte de una isla pequeña, no debería estar discutiendo si una minera se expande hacia la loma de los Siete Picos o si construye una presa de cola en la cuenca alta del río Ozama.
“Constituye un absurdo que cualquier ministerio de medio ambiente en el mundo hubiera parado ya para que eso no se siguiera discutiendo, porque eso ni siquiera debe ser objeto de discusión”.
Considera que si es cierto que la prioridad de República Dominicana es el agua, no se puede permitir que arriba de la presa de Sabana Yegua haya cuatro concesiones mineras.
“Hay todo un conjunto de concesiones mineras que implican una locura alrededor del ordenamiento y que demuestran que el estado dominicano no tiene política territorial. Porque si tiene política territorial tiene que decirle a este país si quiere agricultura o ganadería, si quiere turismo o minería en altura; tiene que decirle a este país como prioridad, ahora mismo, cuál es su política de reforestación”.
REVEGETACIÓN Y RESIDUOS
Según Carvajal, el mayor problema de nuestros bosques no es solamente que se han ido eliminando, sino que se han ido erosionando genéticamente y eso no se resuelve con grandes viveros ni con grandes jornadas de reforestación.
“La política de reforestación forestal es una política que recupera la economía de la población de montaña y la incorpora en esquemas de producción, de generación de valor, para quitarle presión al bosque; y, desde luego, aborda con criterio científico la repoblación arbórea y no solamente arbórea: la revegetación en sentido general de nuestras montañas. Yo soy enemigo de la palabra reforestación. De hecho, hemos hecho tanto daño sembrando como tumbando, porque se han hecho siembras de grandes cantidades de disparates”.
Otro problema urgente citado por el ambientalista es el de los desechos sólidos, que terminan, junto con los líquidos contaminantes, en el Caribe.
“Y nuestra isla es la que más aporta, en términos de plástico, en términos de los componentes contaminantes, al Gran Caribe”.
Plantea que cuando se suman las estadísticas levantadas por el Banco Mundial, la principal inversión recomendada es de la que no les gusta a los políticos: la inversión en plantas de tratamiento.
“No para que sean espectacularmente hermosas, porque es hermosa la que se construyó aquí en La Zurza, sino para que sean funcionales en el territorio y las políticas del plan de tratamiento estén acompañadas de políticas de reordenamiento urbano. Para evitar que una gente porque tenga cuartos o porque tenga un terreno en un lugar inundable, pero buenas relaciones en Obras Públicas -de estos o de los anteriores gobiernos, porque además los que hacen este delito están en todos los gobiernos-, terminen construyendo en una zona de inundación donde es imposible siquiera hacer un sistema de drenaje”.
A la larga, expresa, en muchísimos barrios de clase media y media alta cuando caen 100 milímetros de lluvia se ve a la gente en el techo y el contenido de los pozos sépticos terminan nadando entre la población.
Hay un factor de morbilidad y enfermedades íntimamente asociadas a esa parte del ordenamiento, sostiene el catedrático universitario.
“Para ordenar una sociedad hay que ordenar el territorio, es el primer criterio. Y por suerte que en República Dominicana la sociedad ha aprendido. En Baní, han sido las movilizaciones sociales de la gente lo que ha hecho que las dunas se preserven, y Barrick Gold no le ha entrado al río Ozama porque la gente se está movilizando. Y yo creo que tiene que seguir movilizándose con más fuerza todavía para que los políticos nos entiendan”.
Eso implica, considera Carvajal, que debe haber una labor de educación ambiental sobre el Estado que garantice la evaluación ambiental como instrumento para tutelar los derechos ambientales.
“Es el hecho de que cuando se dé un permiso se dé con uno de los términos de referencia pertinente a tiempo, porque es una necesidad, pero sobre todo porque no opere en razones fuera de lo técnico, como ha ocurrido en el país”.
SOMETIMIENTOS VISIBLES
El documento de prioridades ambientales también le sugería al futuro ministro hacer tres cosas, sigue Carvajal.
La primera, revertir todos los permisos irregulares. “Creo que todavía hay muchas deudas alrededor de eso, señor ministro”.
La segunda, impunidad cero con relación a los grandes delitos ambientales. “No a los pequeños y a los medianos, que esos los sanciona cualquiera. Lo que pasa es que detrás de los grandes hay gente grande, con nombres grandes y pesados, aunque ya estamos viendo que el tamaño del nombre no pesa tanto. Necesitamos que en términos ambientales los sometimientos sean más visibles”.
Y la tercera: crear una alianza con la sociedad en todos los niveles y no solo con el sector empresarial.
“Lo vemos y lo aplaudimos, es necesario, pero con esa sociedad que se moviliza, que lo que está es generando lo que dice la Ley 64-00 en su artículo dos, convirtiendo el problema ambiental en un problema de todos, el Ministerio tiene que hacer una alianza y eso es una prioridad”.
Cree que los políticos tienen que aprender a comunicarse con la población porque la población ni es dócil, ni es abierta ni reacciona normalmente.
“Es muy incómodo hacerlo, pero estamos obligados a relacionarnos con la población”.
RECURSOS Y BRIGADAS
De acuerdo con Carvajal, la compañía del sector ambiental es incómoda –“y tiene que ser incómoda”- porque tiene que poner el dedo en la llaga.
“Lo que pasa es que hay demasiadas llagas y dondequiera que uno toca, duele. Entonces, como hay tantas llagas quiero cerrar diciendo lo siguiente: necesitamos políticas consistentes de ordenamiento del territorio. Necesitamos que el Estado se dé cuenta que los problemas ambientales necesitan recursos. El Ministerio no tiene cuartos”.
Agrega que la institución tiene tan pocos cuartos que han desarticulado la inmensa mayoría de las brigadas al punto de que “la gente que hace el trabajo de base, que ganan 8 y 10 mil pesos, tienen algunos cinco, seis y hasta siete meses que no cobran.
“Y eso es duro. Resolver ese problema humano nosotros lo consideramos prioritario”.
Yaniris López
