Previo a la salida de Danilo Medina del gobierno, el 16 de agosto del año pasado, su hermana Magalys Medina Sánchez y Fernando Rosa, se autoliquidaron de la presidencia del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y se pagaron prestaciones laborales ascendentes a los RD$41,261,723, según establece la acusación contra los encartados de la Operación Antipulpo.
Estas convenientes desvinculaciones también alcanzaron a 13 altos directivos de esa misma institución que eran cercanos a los dos imputados en el entramado de corrupción supuestamente instaurado por Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del entonces mandatario.
Como agravantes, el Ministerio Público establece que esas acciones se llevaron a cabo amparadas en leyes que no están vigentes.
“Estas acciones, de acuerdo al Departamento de Gestión Humana, fueron amparadas en el artículo 63 del reglamento interno de Recursos Humanos del Fonper basado en la Ley 14-91, ley que fue derogada por la No.41-08 sobre Función Pública de enero de 2008, por tanto las acciones fundamentadas en una ley derogada devienen en ilegales, sobre todo cuando la ley vigente prohíbe dichas conductas”, especifica la acusación del caso Pulpo.
Botellas del Gobierno
Además de las supuestas maniobras fraudulentas ejecutadas en el Fonper que permitieron la contratación de manera irregular de las empresas vinculadas a Juan Alexis Medina, y beneficiar a Magalys Medina y otros de sus familiares, la investigación presenta una serie de delitos en el manejo y la administración de la nómina.
Dicen los investigadores que entre los años 2012 al 2020, período en el que fungía como presidente del Fonper el acusado Fernando Rosa, se incrementó la nómina de empleados con el nombramiento de 202 personas “que solo cobraban un salario, pero que no prestaban ninguna función para la institución”. Esta supuesta nómina fraudulenta pagaba RD$259,515,725.
Nómina oculta
Mediante el Informe de Investigación Especial realizado por la Cámara de Cuentas al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, del período comprendido entre el 1 de agosto del año 2012 al 30 de agosto del año 2020, quedó evidenciado que las publicaciones de las nóminas que se hacían en el portal institucional del Fonper “eran falseadas y solo se subían a dicho portal las nóminas de las personas que efectivamente prestaban funciones en la institución, obviando aquellas 202 botellas existentes, todas estas acciones en franca violación a las disposiciones del artículo 3 de la Ley General de libre Acceso a la Información Pública No. 200-04”.
Pero en el Fonper no solo existía una nómina ficticia para el personal civil, dice la Pepca, sino que el mismo esquema se verificaba en el personal militar que fungía como seguridad. “Esto le costaron al país veintiséis millones cuatrocientos noventa mil seiscientos setenta pesos (RD$26,490,670.00)”, detalla la investigación.
WANDER SANTANA
