POR CRISTHIAN JIMENEZ.- El «mazazo» dado a Danilo Medina y a su partido por Maxi Montilla al admitir que incurrió en corrupción beneficiándose de su condición de cuñado de expresidente, debilita el alegato de persecución política contra sus familiares y de sus más cercanos colaboradores civiles y militares.
El acuerdo anunciado por el Ministerio Público, basado en el Criterio de Oportunidad (Art. 370, Código Procesal Penal), sorprendió en el monto de devolución, más de 3 millones de pesos, y ha generado críticas por la ausencia de prisión con el lógico argumento de que robar podría convertirse en un buen negocio.
El morbo público se centró en los 2 mil millones pesos en efectivo, aunque incluye resarcimiento a las distribuidoras de electricidad por 600 millones por los “perjuicios provocados por sus acciones”, pago a DGII de más de 431 millones y decomiso de una porción de terreno en Naco por 50.9 millones de pesos. Además, disolver sus numerosas empresas en un plazo de dos años.
A Medina y al PLD preocupan otras cosas: el documento cita lo relativo al acceso a información privilegiada por su cercanía al poder, monopolio de proveedores en el sector eléctrico, adjudicaciones de forma ilícita “en perjuicio del patrimonio público”. Y que Maxi Montilla, investigado en el proceso de su otro cuñado Juan Alexis Medina Sánchez, condenado a 7 años por corrupción, utilizaría sus empresas como vehículo societario para ganar contrataciones fraudulentas. Miembros de su entorno familiar y de confianza, directos e indirectos, aumentarían su presencia en áreas que definirían los procesos en el ámbito energético, lo que implicaba designios superiores.
Como el acuerdo implica otras colaboraciones, como ser testigo contra compañeros de los fraudes y estafa, las cosas se complicarían como ocurrió con otras delaciones premiadas que salpicaron a dirigentes peledeistas y al propio Medina.
“A los fines de obtener ventajas en los procesos, se realizaron pagos de sobornos a funcionarios públicos responsables de las compras y contrataciones en el sector eléctrico. Estos pagos buscaban influir en decisiones administrativas, facilitar modificaciones contractuales irregulares y agilizar pagos”, indica el acuerdo homologado por un juez.
En un momento en que el PLD se reanimaba con las denuncias semanales de su presidente Medina, en medio de dificultades del gobierno, los dirigentes morados son llevados a posturas reactivas, como ocurrió con Medina en Sol de la Mañana la pasada semana.
Medina marcó distancia y minimizó sus vinculaciones pasadas, alegando que “relaciones cordiales”, ni buenas ni malas, nada laboral o político y “mucho menos económicas. “Mi vinculación con Maxy únicamente, es que él es medio hermano de mi esposa y en ese sentido es mi cuñado, pero más allá Maxy ha tenido su vida independiente y yo, la mía, nunca me ha pedido favores, lo veía muy poco”, remató evidentemente molesto.
Medina dijo que Maxy debió defender su inocencia en los tribunales como otros acusados y no ceder a lo que llamó presiones sicológicas del Ministerio Público. Prometió continuar su apoyo a los que pelean en la justicia.
¿Las “presiones” serían elementos probatorios de imposible o difícil refutación de parte del investigado? ¿Qué le mostraron durante esos 4 años, en los que no sufrió restricciones de ningún tipo, distinto a investigados como Radhamés del Carmen, exadministrador de Edesur? ¿Era tan alto el riesgo, que aceptó devolver más de 3 mil millones de pesos y también ceder “tu honor, tu dignidad y tu integridad”, como le increpó Danilo al recibirlo por última vez en su hogar.
Días recios para el PLD que trata de reponerse de las consecuencias de la empequeceñedora derrota electoral del 2020 y las esporádicas renuncias de dirigentes inconformes o desesperanzados.
