SANTO DOMINGO.- Con el abrumador peso que carga sobre sus hombros en la lucha contra la corrupción, la procuradora general Miriam Germán siente que hay muchos escollos por delante especialmente porque hay organismos “renuentes” a dar las informaciones claves en las investigaciones.
Puso como ejemplo en este contexto el caso de la Cámara de Cuentas, cuyos miembros , según ella, han incurrido en “conductas ilícitas”.
Sin el andamiaje de seguridad que le cabe ante la envergadura de los casos que esta maneja, la procuradora general de la República sacó un tiempo ayer, domingo, para ir sola hasta Listín Diario.
Quiso traer un mensaje de solidaridad con motivo del Día del Periodista, obsequiándole al director, Miguel Franjul, la segunda edición del libro “La evolución de las pandemias”, de la auditoría de David Quammen.
Cuando le fue preguntado si se considera una procuradora independiente, respondió con un “sí”, y a si el presidente Luis Abinader interfiere en el Poder Judicial, respondió con un “no”.
Miriam Germán fue, además, preguntada sobre si cree que hay una justicia independiente, qué tan difícil es enfrentar la corrupción administrativa, principales escollos encontrados a su llegada a la Procuraduría, y en torno al nuevo Centro de Corrección Las Parras, donde serán llevados los internos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Sobre la Cámara de Cuentas, Germán Brito juzgó “ilícita” la conducta que han mostrado los miembros de ese organismo.
En torno a la justicia independiente, la magistrada dijo que aunque fue el presidente Abinader quien la designó, hasta ahora no ha recibido la primera insinuación de él respecto a determinado caso bajo investigación, o en litigación.
Respecto a la corrupción, admitió que existen varios escollos que afectan la persecución de la corrupción administrativa, citando, entre estos, a organismos que tienen la obligación de servir determinadas informaciones y se muestran renuentes a cooperar con el Ministerio Público.
Destacó, además, que en el país hay gente que tiene procesos pendientes y después han sido designados en ministerios, advirtiendo seguido de que no habla de la realidad inmediata, sino anterior. “Esto podría presentar trabas externas al proceso, porque por donde usted pasó a lo mejor dejó cómplices”, agregó.
Respecto al Centro Penitenciario Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, de la provincia Santo Domingo, la procuradora dijo que se cometieron muchos errores en su construcción y que al saber la urgencia de reducir el hacinamiento, se está trabajando para que en los próximos meses se pueda alojar allí al primer grupo de internos.
¿Realmente se puede hablar de una justicia independiente? ¿Y qué le hace independiente si quienes la integran vienen de pasadas administraciones y usted misma es designada por el Poder Ejecutivo?
Ciertamente, esas son las reglas existentes en el marco jurídico vigente para la designación del procurador o la procuradora general de la República. Pero debo resaltar que, aunque fue el Poder Ejecutivo que me designó, a través del Presidente de la República, hasta ahora no he recibido la primera insinuación de él en relación con ningún caso bajo investigación o en litigación. La independencia de actuación es una cuestión constitucional y de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en cuanto a los servidores del Ministerio Público que vienen de administraciones pasadas, esto no es una tienda que cambió de dueño y que el nuevo dueño pone a su gente; este es un organismo del Estado que opera bajo un régimen de carrera y que tiene como objetivo brindar un servicio a toda la ciudadanía.
Desde que asumí la dirección del Ministerio Público he tratado de hacer cumplir la promesa constitucional y legal de la autonomía de la institución, para evitar cualquier situación de dependencia, supervisión, control o instrucciones externas que afecten el ejercicio de las funciones que nos corresponden. Otras instituciones del Estado guardan relaciones de coordinación institucional con el Poder Ejecutivo, sin que su autonomía sea puesta en cuestionamiento y en el Ministerio Público avanzamos en esa dirección para actuar con independencia y responsabilidad. Esto fortalecerá la institucionalidad del país y redundará en el beneficio futuro de toda la ciudadanía, que es a lo que todos aspiramos.
Los miembros del Ministerio Público tienen, bajo nuestra dirección, toda la libertad requerida para llevar a cabo los procesos jurídicos bajo su responsabilidad, siempre apegados a la ley y respetando las garantías procesales del debido proceso. Sabemos que tenemos limitaciones, sobre todo económicas, pero confiamos en que el Estado, e incluso la misma población, entenderán la necesidad de dotar al Ministerio Público de los recursos económicos necesarios para facilitar una operatividad que garantice el servicio que debe ofrecer a cada ciudadano.
para el trabajo del Ministerio Público. La institución no cuenta con recursos suficientes porque tiene una carga económica importante con el sistema penitenciario, más aún durante la pandemia, y los ingresos propios por servicios han disminuido en comparación con años anteriores; pero debo reconocer que el Poder Ejecutivo ha mostrado la disposición de apoyar con recursos adicionales para la persecución de la corrupción. Confío en que dispondremos de más recursos presupuestarios en el futuro inmediato.
Otro gran escollo es que organismos que tienen la obligación de servir determinadas informaciones se muestren renuentes a cooperar con el Ministerio Público. Y hay información que se escamotea, como sucedió con el caso de la Cámara de Cuentas. No puedo entrar en detalles porque el caso está bajo investigación reservada, pero sí es importante aclarar que los investigados son sus miembros por conductas que el Ministerio Público considera ilícitas, y no la institución en sí, pues los investigados han pretendido confundir a la ciudadanía, como si un órgano público pudiera ser objeto de responsabilidad penal; incluso, han presentado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencia cuestionando el estatus del Ministerio Público como órgano constitucional autónomo y la facultad jurídica para éste investigar a sus integrantes
¿Qué tan difícil es investigar la corrupción administrativa en un país?
Para castigar la corrupción se debe desarrollar un trabajo arduo y minucioso de investigación y de sistematización de la información recogida, un examen de la documentación. Se requiere un apoyo técnico especializado que asista al representante del Ministerio Público. Ya sea para corrupción o para el delito que sea, usted no puede salir con un “yo creo…” o un “me parece…”. Aquí ha habido gente que tiene procesos pendientes y después le han designado en ministerios. No hablo de la realidad inmediata, sino anterior. Esto podría presentar trabas externas al proceso, porque por donde usted pasó a lo mejor dejó cómplices.
¿Qué pasa con el nuevo centro Las Parras, hacia donde serán llevados los internos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria?
El centro penitenciario ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, en Santo Domingo, fue inaugurado cuando estaba terminado sólo uno de los módulos, y tiene muchos problemas. No fue construido tomando en cuenta las características de un edificio para estos fines. Entonces, ahí no se puede llevar a ningún privado de libertad porque no existen las condiciones, porque todavía no hay las condiciones. Ese centro lo construyeron como un mega complejo y en esas condiciones es difícil el manejo de los internos.
Se cometieron muchos errores, empezando por la selección de un terreno dominado por lagunas que deben ser conservadas por su alto valor hidrológico. Se inauguró, incluso, sin haber concluido la planta de tratamiento de aguas residuales, algo que se agrava por la sensibilidad de la zona. Pero hemos estado trabajando para concluir y adecuar el proyecto en toda su extensión y también para manejar dentro de este ocho centros independientes, con varios accesos particulares. Es lo que mandan los parámetros internacionales en el tratamiento de personas privadas de libertad. Sabemos de la urgencia de reducir el hacinamiento y estamos trabajando para que en los próximos meses podamos instalar el primer grupo de internos en lo que será el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras..
PERFIL
Profesional y académica del Derecho con una prolongada trayectoria en la carrera judicial y en el Ministerio Público. Designada por el Poder Ejecutivo como procuradora general de la República, mediante el Decreto 324-20, del 16 de agosto de 2020.
Entre 2012 y 2019 presidió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial dominicano.
Graduada de la licenciatura en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Germán Brito se incorporó al sistema de justicia en 1973, con la función de fiscalizadora en el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción de la Provincia Santiago (1973-1974).
A partir de 1974 inició en la carrera judicial como jueza de Paz y luego jueza de Instrucción, en 1978.
De vuelta en el Ministerio Público, se desempeñó como abogada ayudante del procurador fiscal del Distrito Nacional entre 1979 y 1985.
En 1986 pasó a ser jueza presidenta de la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y en 1998 jueza de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Posteriormente, en 2011, ascendió a presidir la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción.
El Consejo Nacional de la Magistratura la escogió para integrar la Suprema Corte de Justicia en 2012, alta corte en la que presidió la Segunda Sala, el órgano que se enfoca en conocer los expedientes en materia penal.
RAMON CRUZ BENZAN
