MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, RD.– El Ministerio Público consiguió que el Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez dictara una coerción de tres meses de prisión preventiva contra un capitán de yola acusado de intentar introducir a Puerto Rico a 52 indocumentados.
Gregorio Ortiz Mejía, quien cobró sumas de entre RD$25,000 y US$3,000 a los viajeros, deberá cumplir la medida en la Fortaleza General Olegario Tenares de esta provincia.
Ortiz Mejía fue sometido a la justicia en el transcurso de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía de esta jurisdicción en coordinación con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, en colaboración con la Armada de la República Dominicana y la Guardia Costera de los Estados Unidos.
La instancia con la solicitud de coerción establece que la Armada de República Dominicana detuvo al imputado en flagrante delito, alrededor de la 1:17 de la tarde el pasado 17 de agosto, luego de que fuera interceptada la embarcación a unas diez millas náuticas frente a la costa marítima de Punta Cana, provincia La Altagracia. El operativo contó con el apoyo de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
La labor del Ministerio Público contra el tráfico de personas ha permitido que, en los últimos cuatro meses, los jueces impongan medidas de coerción, incluyendo prisión preventiva, a 36 personas vinculadas al tráfico de indocumentados hacia Puerto Rico.
La Fiscalía de María Trinidad Sánchez informó que la embarcación capitaneada por Mejía Ortiz partió el pasado 15 de agosto desde una playa de Nagua. El imputado enfrenta cargos por tráfico ilícito de migrantes agravado, en violación a los artículos 1 (letra f), 2 y 7 (letra c), de la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Durante la audiencia fueron presentadas varias evidencias testimoniales y documentales que permitieron establecer que Ortiz Mejía se asoció con otras personas que son investigadas por tráfico ilícito de migrantes.
El Ministerio Público presume que se trata de un grupo de delincuencia organizada que se dedica a la promoción, organización, financiación y materialización de viajes de manera ilegal, transportando personas por vía marítima a bordo de embarcaciones con las cuales buscan realizar el cruce de la frontera marítima existente entre la República Dominicana y la isla Puerto Rico.