POR JUAN TAVERAS HERNANDEZ.- Ni lo estuve antes, ni lo estoy ahora. Sigo en desacuerdo con la privatización de los bienes del Estado.
No estuve de acuerdo con la venta del sector eléctrico durante los gobiernos del PLD, como se pretendió, ni lo estoy ahora. Quiero seguir siendo coherente. No sé, porque nadie me lo ha explicado, cuales son las ventajas de entregarles a los empresarios un negocio que puede dejar grandes beneficios. Además, un sector estratégico para el desarrollo, como lo es el energético, no se puede regalar ni vender sin correr un alto riesgo y sin pagar consecuencias peligrosas para la estabilidad política y la gobernanza.
El pueblo, dueño por derecho de la riqueza pública nunca ha sido consultado, ya sea en un plebiscito o en una encuesta bien representativa, sobre si está a favor o en contra de que sus propiedades sean traspasadas a un sector empresarial voraz al que no le importa el desarrollo nacional, solo la acumulación de grandes capitales para aumentar su poder económico y político.
Tras el ajusticiamiento del dictador Rafael L. Trujillo, el Estado era inmensamente rico, pues casi todas las industrias, fábricas y comercios, incluyendo grandes extensiones de tierra, eran “propiedad del Jefe” que no fue más que un asesino y ladrón, que hizo del terror el modo de mantenerse en el poder por más de 30 años.
Decapitada la tiranía, esa incalculable fortuna pasó a manos del Estado, nunca del pueblo. Posteriormente grupos económicos y políticos paulatinamente se fueron apropiando de la misma argumentando que “el Estado es mal administrador”. Sin embargo, durante la tiranía todas esas empresas eran prósperas, dejando muchos beneficios, pero, cuando cayeron en manos privadas quebraron, no así sus nuevos dueños que por el contrario se enriquecieron exponencialmente.
La privatización de las empresas del Estado sirvió para enriquecer a grupos económicos, políticos y sociales, pero el pueblo, dueño de las mismas, se empobreció durante todo el proceso. La corrupción estuvo presente, tanto en nuestro país como en los demás países latinoamericanos donde se produjo la privatización.
A la llegada del Partido de la Liberación Dominicana al poder con Leonel Fernández, 1996 y posterior 2004, prácticamente todas las empresas heredadas de Trujillo fueron liquidadas, vendidas al peor postor mediante procesos fraudulentos y corruptos. El PLD creó un Estado grande en corrupción, en estafa y desfalco; un Estado con 300 mil empleados lo elevó a 700 mil, con nóminas abultadas, nominillas clandestinas, botellas y botellones tanto en el país como extranjero. La hipercorrección no se detuvo durante la venta de las empresas del Estado.
