Las autoridades de Nueva York están aumentando los esfuerzos y recursos para contener la covid-19 en momentos en que su variante ómicron se esparce rápidamente en el estado, y va a dedicar 65 millones de dólares a los distintos barrios y condados para hacer cumplir la obligatoriedad de la mascarilla, vigente en espacios cerrados desde el 13 de diciembre.
«Vamos a luchar, no nos vamos a rendir a la pandemia», aseguró la gobernadora Kathy Hochul a los neoyorquinos en una conferencia de prensa en la que indicó que los casos positivos siguen en alza, e insistió en el uso de la mascarilla y las vacunas.
Entre los nuevos casos figura la jefa del Departamento de Salud estatal, Mary T. Bassett, que tras someterse a la prueba diaria de la covid arrojó positiva, por lo que no pudo acompañar a Hochul y otros miembros de su gabinete a la rueda de prensa.
El reparto de 65 millones surge después de que representantes de los condados señalaran que no cuentan con los fondos para hacer valer la orden de la gobernadora, que estará vigente hasta el 15 de enero y supondrá sanciones civiles y penales, con una multa máxima de 1.000 dólares por cada violación, para lo cual habrá que desplegar agentes de salud, dijo Hochul.
La medida abarca lugares de entretenimiento cubiertos, salas de conciertos, estadios deportivos cubiertos, espacios recreativos, restaurantes, edificios de oficinas, centros comerciales, tiendas de comestibles, farmacias, lugares de culto y áreas comunes en edificios residenciales.
La gobernadora, al igual que lo hizo hoy el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, aseguró sin embargo a los neoyorquinos que esta será una situación de corto plazo, como ya ha ocurrido en otros países en que tras un repunte hay una baja, y que no vaticina un cierre del Gobierno porque se cuenta con el recurso de las vacunas.
Otras iniciativas que el estado pondrá en marcha durante la época invernal incluyen abrir la próxima semana siete sitios para la prueba del virus y distribuir 10 millones de pruebas caseras, la mitad antes del nuevo año y el resto en enero.
Por su parte, la directora de Operaciones del estado y excandidata a la alcaldía de la ciudad, Kathryn García, dijo que pedirían al Gobierno federal que invoque la Ley de Producción de Defensa para que los fabricantes produzcan más pruebas del virus venta libre.
Mientras, hoy entró en vigor la orden para que maestros y trabajadores de escuelas privadas tengan al menos una dosis de la vacuna. Los del sector público ya cumplen con este mandato.
Las escuelas tendrán que entregar a más tardar el 28 de diciembre la prueba de que todo su personal está cumpliendo con la orden, que se estima impacta a unos 56.000 personas, a tiempo completo y parcial.
Aquellas escuelas con maestros y otro personal que no haya cumplido con la segunda dosis tendrán hasta el 17 de febrero para entregar la prueba de vacunación a la ciudad.
EFE
