Los integrantes de la supuesta nueva red criminal desmantelada por el Ministerio Público, a través de la Operación Discovery, operaban más de 10 centros de llamadas (call centers), informó la noche de este lunes la Procuraduría General de la República.
Estos establecimientos estaban dedicados al ciberdelito, la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos, detalló la entidad en un despacho de prensa.
«Los integrantes de la red se constituyeron en una asociación de malhechores que usurpaba funciones, y que incurrió en lavado de activos y en el porte y tenencia ilegal de armas de fuego», señaló la Procuraduría.
La red operaba en Santiago, La Vega, Puerto Plata y Puerto Plata.
La Operación Discovery se realizó en la mañana de este miércoles en las provincias que estaban los call centers, donde se practicaron allanamientos simultáneos.
Los allanamientos se realizaron con la cooperación de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), “quienes también realizaron allanamientos en Nueva York”, conforme a datos suministrados por la Procuraduría en la nota de prensa.
La operación sigue en curso y el Ministerio Público se prepara para para solicitar medidas de coerción contra los detenidos ante un juez de atención permanente.
La labor fue realizada por el Ministerio Público de Santiago. Fue encabezada por el fiscal titular de esa demarcación, Osvaldo Bonilla.
Según el órgano persecutor del crimen y delitos en el país, el grupo de personas apresadas por el caso “sigue ampliándose”. Este miércoles, fuentes dijeron a Diario Libre, que los arrestados son al menos 100.
“El grupo de arrestados enfrenta cargos por diversos delitos, incluyendo la violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones y el 405 que condena la ‘estafa’”, indica la nota.
También, por violación a las disposiciones de los artículos 2, 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado dominicano y 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
Alcance de la red
Según el Ministerio Público, además de la extorsión sexual y el robo de identidad, los integrantes de la red realizaban llamadas telefónicas para intimidar, enviaban medicamentos utilizando “delivery” e incluso usurpaban funciones oficiales de Estados Unidos, incluyendo la de agentes del FBI.
Conforme a los datos ofrecidos, la red se apoya en las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares y en pesos y adquirieron bienes millonarios producto de sus acciones criminales.
SANDRA GUZMAN