POR VINICIO CASTILLO SEMAN.- La JCE ha enviado a todos los partidos políticos un proyecto de resolución sobre las reservas electorales, que ha generado el rechazo cuasi unánime de todos los partidos.
La JCE ha cometido un gravísimo error al querer con su iniciativa coartar y restringir el derecho constitucional que tienen los partidos políticos de RD de concertar alianzas y coaliciones electorales, variando las reglas usadas en elecciones pasadas del 2020.
La JCE pretende obligar a todos los partidos a tener que presentar 80 % de todas las candidaturas en cada nivel, con candidatos propios, y sólo permitiendo 20 % para alianzas; un absurdo, pues la Ley de Régimen Electoral, en todo el capítulo que contiene articulados sobre alianzas y coaliciones, no dice ni media palabra.
Se trata de traer por los moños un artículo de la Ley de Partidos que es anterior al año 2018, sobre reservas electorales en 20 % para usarlo como supuesto impedimento para alianzas y coaliciones.
Es claro que la voluntad del legislador en dicha Ley de Partidos fue proteger a candidatos que vayan a primarias como modalidad de elecciones de candidatos, y evitar que puedan ser despojados de derechos que ya hayan adquirido. Ese es el target de las reservas; jamás coartar derecho alianzas y pactos coaliciones.
Como bien explicó el presidente de la Junta Central Electoral cuando era juez del Tribunal Superior Administrativo, la JCE ni ningún poder puede ordenarle a un partido hacer primarias. Los órganos de dirección máxima de los partidos tienen libertad para, incluso, abstenerse y no llevar ningún candidato si así quisiera. Igual pueden pactar o coaligarse, que es un derecho constitucional a preservar por encima de todo.
Y aún si se entendiera que la Ley de Partidos en cuanto a las reservas choca con la Ley de Régimen Electoral sobre alianzas y coaliciones, que no establece límites, prevalece la posterior que es la Ley Electoral. Y más aún, cualquier interpretación de esas leyes deberá hacerse siempre buscando una intervención mínima de la JCE en sus decisiones, lo que ya ha sido juzgado por el Tribunal Constitucional, con el norte siempre de proteger la autonomía de los partidos políticos, sustento del sistema democrático.
La JCE debe alejarse de decisiones truculentas e inconstitucionales. Si trata de imponer el proyecto resolución en cuestión, desatará una crisis preelectoral sin precedentes. Con 26 partidos en contra denunciando nacional e internacionalmente a JCE, dañamos la democracia de RD.
Creo que al Presidente Abinader, que casi seguro va tras la reelección, tampoco le conviene, porque serán él y su partido PRM los que serán acusados, sin razón o con ella , de estar detrás de la resolución truculenta, puesto que es el único partido político que ha salido a apoyar ese adefesio.
Espero la JCE reflexione y rectifique. Después del desastre de la JCE anterior que presidió Castaños, el país necesita volver a creer en la JCE . Darle credibilidad y legitimidad como árbitro electoral es fundamental y debe ser el norte de sus miembros.
