Ángela López no encaja en el perfil de alguien que se salta las normas, pero tiene una hija de 7 años con problemas respiratorios, y se ha visto entre los padres de familia españoles dispuestos a desafiar a las autoridades y la orden de regresar a las escuelas.
A ellos les preocupan unas medidas de seguridad que consideran mal financiadas en medio de una nueva oleada de contagios en el país. Temen que los alumnos contagiados puedan infectar a parientes con más riesgo de contraer COVID-19, la enfermedad que provoca el virus.
Afirman que han invertido en computadoras y mejorar sus conexiones a internet para prepararse para las clases a distancia, incluso para enseñar ellos a sus hijos en casa, si fuera necesario.
Muchos de los padres rebeldes, incluida López, también están dispuestos a plantarse ante la norma genérica de educación presencial para todos en España, aunque eso suponga afrontar cargos por absentismo escolar, que puede conllevar de tres a seis meses de prisión.
La hija de López nació con un problema que la hace más propensa a sufrir episodios de espasmos bronquiales, que pueden causar dificultades respiratorias. Como el COVID-19 afecta al sistema respiratorio, López no quiere arriesgarse.
“Nos sentimos un poco desamparados y un poco ofendidos, la verdad. Te obligan un poco a cometer actos ilegales casi porque no dan alternativa”, dijo López, que vive en Madrid.
“Es una cuestión de estadística. Cuantos más casos hay o menos medidas se toman, pues más probabilidades consideras que hay de contagiarte”, informó.
Más de medio millón de personas se han contagiado del virus en España, y al menos 29.500 han muerto, aunque las estadísticas oficiales dejan fuera a muchos enfermos que fallecieron en marzo y abril sin llegar a hacerse la prueba.
Con una media de 229 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, España tiene ahora la mayor tasa de contagios de Europa occidental. Lidera en su región lo que muchos expertos ya están llamando una segunda oleada de la pandemia, aunque el gobierno español insiste en que ahora identifica la mayoría de los casos porque hace más pruebas y mejor dirigidas.
Las autoridades también señalan que más de la mitad de los casos identificados no muestran síntomas, lo que explica por qué los hospitales que se vieron abrumados en el pico de la epidemia en primavera ven ahora menos pacientes con COVID-19.
Mientras subían los casos y aumentaba el debate en los grupos de chat de padres, las autoridades españolas emitieron la semana pasada recomendaciones revisadas para la reapertura del curso. Incluían mascarillas obligatorias para niños de 6 años en adelante, controles diarios de temperatura corporal, lavado de manos al menos cinco veces al día y ventilación frecuente de las aulas.
El Ministerio de Educación también ha recomendado crear “clases burbuja” donde un número reducido de alumnos interactúa sólo entre ellos, y “coordinadores de COVID” en cada escuela que puedan reaccionar con rapidez si se identifica un brote.
Pero muchos padres afirman que no hay dinero suficiente para contratar a más profesores, y algunas escuelas simplemente no tienen espacio libre. También ven una incoherencia en que las autoridades permitan reunir a hasta 25 niños en una sala mientras se prohíben las aglomeraciones de personas o se imponen límites al ocio nocturno para responder al auge de contagios. En Madrid, esos contagios se han expandido incluso a las viviendas particulares, donde no se permiten reuniones sociales de más de 10 personas.
Más de 8 millones de estudiantes en España comienzan el año académico esta semana o la siguiente, con diferentes fechas en las 17 comunidades autónomas y en función de los cursos.
Aunque los científicos siguen estudiando el papel que juegan los niños en la propagación del nuevo coronavirus, los niños más pequeños parecen menos contagiosos que los adolescentes. Los niños suelen sufrir síntomas leves, pero en casos raros pueden enfermar de gravedad y los estudios indican que pueden contagiar el virus a otras personas con las que viven.
Aroha Romero, que tiene dos hijos y vive en la región oriental de Valencia, dijo que la falta de claridad agrava su preocupación.
“Prefiero que me amenacen con (ser acusada de absentismo) a que mis hijos se puedan quedar sin madre el día de mañana”, afirmó.
Lorenzo Cotino, profesor de derecho de la Universidad de Valencia que ha estudiado el impacto de la legislación en educación, informó que la escolarización tiene un amplio respaldo en España desde que una ley de 1970 hizo obligatoria la asistencia física a la escuela, reduciendo las diferencias sociales.
La pandemia ha reforzado la idea de que “La igualdad va de la mano de la asistencia escolar”, dijo Cotino, porque “los (niños) que tenían más marginalidad, menos acceso a internet, familias más complicadas, pues la educación ha sido bastante deficiente”.
Las familias que cuestionan el sistema dicen que la Constitución española les da derecho a que sus hijos no vayan a la escuela, pero no hay ni un marco legal para la educación en casa ni un sistema que establezca estándares para evaluar a los alumnos.
La situación es similar en Alemania, donde la escolarización en casa es ilegal, aunque allí se ha recibido la vuelta a las clases con entusiasmo, y en Gran Bretaña, donde hubo altas tasas de asistencia tras la reapertura del curso la semana pasada. El gobierno británico ha prometido que sólo multará a los padres que no envíen a sus hijos a la escuela como “último recurso”.
Incluso en países europeos donde se permite la escolarización en casa, la práctica no está tan extendida como en Estados Unidos. Francia tiene desde hace mucho tiempo un sistema de aprendizaje a distancia, pero los padres también pueden optar por educar ellos a sus hijos.
Las autoridades educativas galas dicen que es demasiado pronto en el año académico para identificar si el coronavirus está impulsando una tendencia hacia la educación en casa.
En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de un “riesgo a la exclusión social por no volver al colegio”. Y aunque ha dicho que no hay tal cosa como riesgo cero ante la pandemia, aseguró que alumnos y educadores “van a estar mucho más seguros en los centros educativos que en otras partes”.
Su ministra de Educación, Isabel Celaá, ha admitido que algunos alumnos se perderán el regreso a la escuela por motivos médicos, pero la semana pasada hizo hincapié en las sanciones por absentismo y dijo que la educación presencial “es insustituible”.
“Si de repente nos encontramos en España con un absentismo masivo, no va a llegar a nada”, informó Irene Briones, profesora de derecho en la Universidad Complutense de Madrid. “Yo no creo que al gobierno le interese tomar medidas contundentes contra los padres que decidan que sus hijos no vayan al colegio”.
Cuando España inició una estricta cuarentena de tres meses la primavera pasada, millones de estudiantes se vieron obligados a terminar el curso desde casa, y los padres se convirtieron de improviso en profesores. Las clases a través de internet ayudaron mucho y marcaron el rumbo hacia una nueva forma de aprendizaje en los tiempos del COVID-19, según las familias.
Ahora reclaman que la educación online se estandarice con un programa oficial de docencia digital que ayude a los alumnos a seguir el curso al menos hasta diciembre, en el primer trimestre del curso. También piden que se distribuyan laptops y otros equipamientos para reducir la brecha tecnológica entre familias.
“Nos vamos a defender y enfrentar con todos los argumentos legales a nuestro alcance”, si las autoridades no llegan a un acuerdo dijo Josu Gómez, portavoz de la Plataforma Retorno Seguro a las Aulas, que ha sumado a casi 1.500 familias en tres semanas. Otras 250.000 personas han firmado una petición en Change.org pidiendo medidas de seguridad para niños y profesores en las escuelas.
Pero algunos están dispuestos a afrontar cualquier consecuencia que pueda venir. Romero, la madre de dos hijos en Valencia, insistió en que sus hijos se quedarán en casa mientras no bajen los contagios. Si los adultos pueden trabajar desde casa, afirmó, los niños pueden estudiar desde casa.
Sara Puig/AP
