Participación Ciudadana pidió este miércoles al presidente Luis Abinader la implementación de una reforma integral de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que transforme la imagen que han construido hasta la fecha.
El movimiento cívico dijo que frente a las situaciones escandalosas y criminales que se han ventilado en la opinión pública y en los tribunales recientemente, debe producirse una transformación profunda en los cuerpos militares y policiales.
El Consejo Nacional del Participación Ciudadana, aseguró que el país ha llegado al 2021 escuchando las mismas denuncias, nunca investigadas y mucho menos corregidas.
A través de rueda de prensa, declaró, además que no es de ahora que se denuncia que en los cuerpos militares y policiales se compran y venden los ascensos y las posiciones con acceso a recursos públicos y privados; se compran y asignan pensiones desproporcionadas; se cobran peajes a cambio de protección a delincuentes. Una denuncia que se hace desde hace décadas es que algunos comandantes realizan recortes fraudulentos en los viáticos y la alimentación, en perjuicio de los servidores más vulnerables, y que tampoco respetan las normas que rigen las compras y contrataciones.
“Numerosas modalidades de corrupción son señaladas como prácticas cotidianas en organismos que están llamados a ser ejemplo de honestidad y patriotismo. En todos los escándalos relacionados con el crimen organizado han salido evidencias de que criminales cuentan con elementos infiltrados y la protección activa de militares y policías de todos los rangos. Basta recordar los casos de José David Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, Quirino Ernesto Paulino Marmolejos, Ramón Antonio del Rosario Puente (alias Toño Leña), César Emilio Peralta (alias César el Abusador), entre otros”, destacó el Consejo Nacional.
Es preocupante para Participación Ciudadana que a más de ocho meses del cambio de gobierno no se haya visto indicador alguno de que estas prácticas corruptas estén en vías de ser eliminadas. Tampoco se han iniciado las auditorías correspondientes profundos y valientes, sin que se investigue y se someta a la justicia a las personas responsables de instalar y mantener esas estructuras.
“Estamos cansados de escuchar que jefes militares o policiales locales, así como otros rangos medios y bajos, vinculados a crímenes, delitos de corrupción o atropellos son trasladados a otra localidad donde nuevas poblaciones son sometidas a los mismos abusos. Los pocos que reciben sanciones son llevados a cárceles militares en las que se burlan de la sociedad manteniendo sus privilegios”.
Esperan que el presidente Abinader no acepte chantajes de quienes advierten o propalan que las acciones de saneamiento de las fuerzas armadas y la policía podrían ser respondidas con desestabilización política o del orden institucional. Por el contrario, el gobierno que se atreva a emprender esta impostergable tarea contará con el respaldo de la ciudadanía, de los miembros honestos de las instituciones militares y policiales que también son víctimas de las prácticas delictivas y de todos los sectores de la vida nacional que aportan para construir un mejor país.
