La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Hato Mayor informó este domingo que fueron realizados múltiples allanamientos e incautación de bienes inmuebles en la operación denominada “Duro Golpe”, cuyo valor asciende a los $100 millones de pesos, los cuales indicaron fueron adquiridos por miembros de una poderosa organización criminal de narcotráico y el crimen organizado que opera en el país.
Según la informacion publicada en el sitio web oficial de la PGR, la operación “Duro Golpe” coordinada entre el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), corresponde a una investigación por la que ya están sometidos a la justicia los imputados Franklyn Ravelo y Brayan Alcántara Pérez, integrantes de una red que traficaba con droga hacia el extranjero, en especial a Puerto Rico.
Asimismo, la Procuraduría indicó que las autoridades actuantes indagan y persiguen a otros miembros de la organización, a la que el 7 de abril pasado le ocuparon 240 kilos de cocaína en Sabana de la Mar, en un almacén camuflado como Pescadería Caprimar, la cual alegadamente servía de centro de acopio para las sustancias narcóticas que embarcaban desde las costas de la región.
En ese orden, indican que un equipo de fiscales e investigadores participó en los allanamientos e incautaciones de 12 propiedades en Sabana de la Mar, Hato Mayor y San Pedro de Macorís, entre las que se destacan apartamentos, locales comerciales y casas, inmuebles valorados en más de 100 millones de pesos, los cuales resalta que fueron adquiridos en poco tiempo por el grupo criminal.
También, se informó que se produjo la ocupación de una camioneta modelo 2019.
En los registros de morada, se ocuparon documentos, cuentas bancarias y contratos, que permitirán al Ministerio Público continuar con la investigación financiera de esta estructura criminal.
En mayo pasado, el Ministerio Público había ocupado dos inmuebles vinculadas a este caso, así como camiones de carga y embarcaciones.
La investigación de lavado de activos, con el narcotráfico como delito precedente, busca desarticular la citada red criminal e identificar bienes muebles e inmuebles obtenidos por la actividad ilícita, así como el cierre operativo de sus empresas de fachada.
