El secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Raúl Martínez, solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) investigar la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales, tras la pérdida de un recurso judicial que compromete al Estado por RD$2,693.9 millones.
El dirigente opositor consideró que, por la magnitud de los recursos públicos involucrados, el caso no puede ser atribuido simplemente a un error procesal y reclamó determinar quiénes tenían a su cargo el expediente, qué mecanismos de supervisión existían y por qué no se realizaron las actuaciones necesarias para evitar la perención del recurso de casación.
De acuerdo con la publicación, el Tribunal Superior Administrativo fijó en RD$2,693,994,196.50 el monto a pagar a los sucesores de los antiguos propietarios. Bienes Nacionales sostenía que el balance pendiente, actualizado, era de aproximadamente RD$120.2 millones.
INVESTIGACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Martínez señaló que la diferencia superior a RD$2,500 millones hace indispensable una investigación administrativa independiente.
La sentencia TC/0771/26 del Tribunal Constitucional, emitida el 17 de agosto de 2026, confirmó la decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró extinguido el recurso. Según el fallo, durante tres años no se realizó la actuación procesal requerida para impulsar el expediente.
El dirigente de la FP pidió establecer si hubo negligencia, fallas de supervisión u otras conductas que pudieran generar responsabilidad administrativa, así como determinar si las autoridades superiores de Bienes Nacionales fueron informadas oportunamente sobre la situación.
ALI NUÑEZ
