El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este miércoles un proyecto de ley para subir la pensión básica que reciben las personas de menos recursos de 176.000 pesos (sobre 210 dólares) a 185.000 pesos mensuales (220 dólares), superando por primera vez la línea de la pobreza.
«Esta Pensión Garantizada Universal (PGU) se sumará a la pensión autofinanciada y beneficiará a 2,3 millones de personas, incrementando en 500.000 los ciudadanos apoyados por el Estado», afirmó el mandatario desde la Moneda, sede de Gobierno.
También se incrementará hasta los 185.000 pesos la pensión básica de invalidez.
Esta dotación, detalló Piñera, será financiada por el Estado y «llegará directamente al ciudadano sin pasar por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)», las entidades privadas que normalmente gestionan este capital.
El sistema de pensiones de Chile, ideado por José Piñera -hermano del actual mandatario-, e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10 % mensual de su sueldo a un fondo gestionado por alguna de las AFP.
Las personas que obtienen pensiones más bajas o quienes no cotizan reciben una participación estatal, aunque la mitad de los contribuyentes no llegaba a recibir un monto superior a la línea de la pobreza, según datos de la Fundación Sol.
Las pírricas jubilaciones fueron una de las grandes reivindicaciones de la crisis social que comenzó en 2019 y que se extendió durante más de un año con masivas marchas por la igualdad y por un sistema menos privatizado.
«Pedimos al Congreso que considere con la máxima celeridad este proyecto, que significará una mejor calidad de vida para quienes deseen disfrutar de una jubilación con dignidad», agregó.
La propuesta se enmarca en la reforma al sistema de pensiones que persigue Gobierno, sobre la que ya se había presentado otro proyecto que implica un incremento del 6 % de las cotizaciones con cargo al empleador, que lleva años estancada en el Parlamento.
«El titular de este proyecto parece bueno y es probable que tenga viabilidad aunque llevamos años exigiendo este piso mínimo de dignidad», afirmó el diputado opositor Raúl Soto, del Partido por la Democracia (PPD).
El actual sistema de pensiones y las AFP fueron sacudidas en los últimos dos años, tras la llegada de la covid-19, puesto que, como medida para aliviar los bolsillos de los ciudadanos, se aprobó en tres ocasiones distintas una norma que permitía retirar el 10 % del total de los fondos de cada contribuyente.
Esta medida ha supuesto más de 50.000 millones de dólares de pérdidas para estas entidades privadas, fuertemente criticadas por las bajas pensiones que otorgan frente a sus millonarios beneficios.
La pasada semana, el Congreso rechazó posibilitar un cuarto retiro, aunque algunos parlamentarios ya anunciaron que tratarán de ingresar otra propuesta similar pese a las advertencias del propio Banco Central que señala que el aumento de circulante podría recalentar la economía.
EFE
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