SANTIAGO.- La provincia de Santiago requiere que el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial en proceso de aprobación, impida la creación nuevas divisiones, frene la creación de nuevos distritos y municipios y proteja las cuencas hidrográficas en los 10 municipios desde San José de las Matas hasta Villa Bisonó (Navarrete).
También se requiere aprobar la Ley de Agua, la actualización del Código Laboral, la creación de las regiones de desarrollo, la sostenibilidad de la ley fronteriza 28-01, la nueva ley municipal para modernizar la 176-07, que se sincere la ley 166-03 que impone el 10% de transferencia del presupuesto a los municipios que nunca se ha cumplido.
La propuesta está contenida en un estudio de gobernabilidad del Plan Estratégico Santiago 2030 elaborado por las 74 organizaciones sociales, empresariales, comunitarias y públicas que conforman el Consejo Estratégico (CDES), que identifica 71 grandes debilidades y 46 amenazas que afectan el desarrollo provincial.
Un total de 300 técnicos y representantes emplearon 16 mil horas de labores y 24 millones de pesos de trabajo voluntario para ponerse de acuerdo en el plan estratégico común.
Prioridades provincia
Para hacer realidad estos proyectos, el Consejo Estratégico de Desarrollo plantea un pacto de la próxima agenda legislativa concertada entre el senador, los 18 diputados y las fuerzas vivas de la provincia.
Igualmente, la actualización de la ley 24-97 de prevención de la violencia de género y la consideración de las causales relacionada con el embarazo de alto riesgo para la vida de la madre.
El Consejo Estratégico indica que muchas de estas debilidades se solucionarían si se supera la gestión legislativa centralista de Santiago en el Congreso que aprobó para Santo Domingo, más de US$347 millones en los últimos seis años.
Sin embargo, no consideró otro que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene, con una oferta para Santiago de 68 millones de dólares para rescatar del río Yaque, remozar el hospedaje, construir el sistema pluvial, dos diques, renovar la fortaleza San Luís y mejorar el hábitat de pobreza de los barrios próximos al río, Suelo Duro y Cambronal, entre otras acciones de impacto.
Entiende que la nueva gestión legislativa debe superar la existencia de élites partidarias, donde el bien común desplace intereses individuales que generan desigualdad social.
70 por ciento población no conoce legisladores
La relación entre elector y elegido es una de los puntos críticos analizados en el diagnóstico de gobernabilidad, ya que el 70% de los sufragantes no conoce a los diputados y más del 81% tiene desconfianza en los partidos, lo que se relaciona con la reducción de las personas que ejercieron el derecho al voto. Indica que este fenómeno radica en la carencia de un pensamiento partidario organizado lo que genera una percepción de que la política es una vía para hacer negocios. Lamenta que los partidos abandonaran la formación de militantes y candidatos para privilegiar una visión clientelista de seguidores.
MIGUEL PONCE
