POR PELEGRIN CASTILLO.- La diplomacia dominicana acaba sufrir una injustificada y vergonzosa derrota en las relaciones diplomáticas con Haití, que sienta un precedente funesto susceptible de menoscabar la soberanía y la integridad territorial de la República, así como afectar el marco institucional de las relaciones insulares.
Después de emitir una enérgica nota de protesta el 27 de Abril pasado ante el gobierno haitiano por la construcción inconsulta, unilateral e ilícita de un canal de riego, que captaría las aguas del Río Dajabon, en franca violacíon al Convenio de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje, suscrito el 20 de Enero de 1929, la Cancillería Dominicana pasaría a convalidar ese ilícito internacional, aceptando el argumento de la diplomacia haitiana de que la República Dominicana había hecho intervenciones similares.
Un gobierno que ha anunciado que quiere edificar nuevas y mejores relaciones con Haití no puede aceptar ese argumento deleznable, que solo nos arrastra hacia el campo caótico de la ilegalidad, la improvisación y el medalaganarismo en el que históricamente se viene manejándo la diplomacia haitiana frente a República Dominicana. Si nos apartamos de la legalidad, la verdad y la transparencia nunca será posible edificar relaciones constructivas.
Sí República Dominicana, durante gobiernos anteriores, ha violentado el Acuerdo de 1929- cuestión que ha sido discutida por expertos nacionales como el Ing Osiris de León-, ese hecho ilícito en modo alguno justifica que Haití haga lo mismo en el presente, y que en base a ese alegato, las autoridades actuales traten de convalidar la actuación desafiante, que violenta los acuerdos sobre los que deben regirse las relaciones dominico-haitianas. Una actuación ilícita no se puede eliminar o subsanar con otra actuación ilícita, invocando el principio de justicia y equidad. Las acciones que rigen las relaciones entre los Estados deben fundarse en los acuerdos diplomáticos vigentes y en los principios del derecho internacional. Nunca en un estado de ilicitud general, donde las faltas de unos convaliden las de otros, o donde los intereses de particulares se impongan sobre los intereses nacionales, porque al final eso siempre termina en un gran desorden y conflictos indeseables. Y esos son cuestiones que las autoridades que han proclamado que encarnan un cambio, deberían tener bien presente.
La diplomacia haitiana debió en su momento protestar esas iniciativas alegadamente ilícitas de las autoridades dominicanas, si es que realmente sucedieron; y en caso de no recibir debida respuesta debieron ir a instancias internacionales jurisdiccionales o arbitrales. Si no lo hicieron fue una falta grave de su parte, que no puede invocarse ahora para justificar su conducta agresiva y antijuridica. República Dominicana y su diplomacia también han fallado porque a pesar de las evidentes acciones cotidianas de extracción de materiales del cauce de los ríos fronterizos por parte de los haitianos, no ha formulado las protestas correspondientes. Esas tendencias depredatorias, está menguando el lecho y las riberas del Río Dajabon y de otros ríos fronterizos.
Sí las autoridades haitianas no procedieron en su momento, quizás se debió a su permanente estado de caos y desorden, o tal vez, al hecho de saber que la mayoría de la mano de obra agrícola de esa zona son jornaleros haitianos, en flagrante violacíon de la Constitución y las leyes de la República; y peor aun, que muy probablemente muchos de los ricos propietarios de las fincas fronterizas tienen algunos socios o aliados poderosos en Haití. Resulta extraño que la diplomacia haitiana que suele ser tan quisquillosa, haya guardado silenció sobre un proceder ilícito de las autoridades dominicanas.
Es preciso recordar que en febrero de 1978, en el marco del Convenio de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, ambos Estados partes suscribieron un Convenio para la construcción del Dique Derivador Internacional para el aprovechamiento conjunto de las aguas del Río Pedernales, que constituye un precedente positivo y un modelo de cómo deben proceder los Estados que verdaderamente protegen sus intereses y cuidan de las formas jurídicas y diplomáticas ¿Por que no se propuso una formula parecida con el Río Dajabon?
Finalmente, resulta lamentable que el gobierno dominicano haya hecho estas concesiones ilícitas, en forma desaprensiva, sin los estudios de impactos correspondientes, y contrarias a los intereses nacionales, a pesar de que las aguas el Río Dajabon constituyen un recurso amenazado de muchas formas, y de que existen otras fuentes hidrológicas alternativas, para atender tanto las necesidades de los productores dominicanos como de los productores haitianos. Los dominicanos estamos conscientes de que Haití necesita agua y energía, y que debemos coadyuvar a asegurarlas, pero cuidando siempre lo mas importante que es el marco institucional, la legalidad y juridicidad de los actos de las autoridades, así como los intereses nacionales en las relaciones entre ambos Estados. Ante esta situación anómala y profundamente ilícita anunciamos la formación de un grupo de estudio sobre las acciones jurídicas posibles, que puedan interponerse para revertir la misma.
