Santiago. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra planteó la creación de políticas públicas para la gobernanza del agua, con el propósito de dar respuestas ante la escasez que afecta el territorio nacional debido a la sequía.
A través de su Unidad de Gestión de Agua, el centro de estudios superiores recomienda la valoración del preciado líquido y llama a crear una ley de agua potable que obligue a las ciudades mediante penalidades a no descargar agua sin tratar.
Especialistas en materia de agua recuerdan que el período de sequía estacional, en la República Dominicana, abarca los meses noviembre-abril de cada año y en condiciones normales inicia su rompimiento a mediados de abril para dar lugar a la temporada convectiva, es decir, la circulación de la masa de fluidos.
Silvio Carrasco, director de la Unidad de Gestión de Agua de la Pucmm, dice que faltan organismos y políticas públicas que velen por la regulación, pero sobre todo por la fiscalización de este recurso. Entiende que esta es una sequía urbana por la deficiencia en la gobernanza del líquido en el territorio nacional.
Contaminación
“La ciudad ha contaminado el agua, o sea, nosotros, porque no hay una ley de agua que obligue a las ciudades a no descargar aguas residuales. La ley está, pero no hay un ente regulador que la aplique. Hay que comenzar por mí, por la sociedad”, indicó Carrasco.
Sostiene que el prestador (de agua), no puede regular ni puede fiscalizar, de manera que la sociedad tiene un representante en el ente fiscalizador.
Carrasco establece que si existiese un ente regulador, la problemática de sequía o inundación por agua quedaría mitigada, debido a que esta institución se encargaría de realizar una administración factible del recurso durante las diferentes temporadas climáticas.
A través de este ente regulador la entidad obedecerá a otro criterio, al criterio de la salud, del ambiente y de la sostenibilidad para que así, a través de este compromiso social, se pueda asegurar este derecho humano que representa el agua.
Eso permite que todo el mundo tenga derecho a acceder al agua, ya sea comparándola, con su propia inversión, pero que todos tengan acceso.
“La solución del agua no es única para todos. Cada sector y región tiene una problemática y hay que abordarla de manera diferente, de acuerdo con los recursos que haya en ese sector”, expresa Isis Milagros García, coordinadora de la Unidad de Agua.
Plantean trabajar en políticas públicas
Con relación a la creación de estas políticas públicas García expresa que hace falta una ley para la creación de un organismo paralelo que sea regulador y otro fiscalizador, para que a la vez trabajen en conjunto con la entidad prestadora de servicio del agua.
“No hay una ley de agua potable que obligue a las ciudades a no descargar agua sin tratar. No hay penalidad. No hay un fiscalizador o regulador que aplique la sanción”, aseguró García.
MIGUEL PONCE
