Santo Domingo. La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, ratificó este lunes la prisión preventiva como medida de coerción para Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, quien está siendo acusado en el caso Calamar.
La magistrada desestimó las solicitudes de la defensa y programó una audiencia para el próximo lunes 11 de diciembre a las 9:00 de la mañana.
Wilson Camacho, el encargado de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que la defensa de Donald Guerrero no presentó evidencia suficiente como para que el tribunal cambiara la medida cautelar por una menos severa.
“En cambio nosotros apartamos al tribunal 18 presupuestos, entre ellos un interrogatorio que da cuenta de las maniobras realizadas por este imputado desde el Ministerio de Hacienda para el pago fraudulento de las expropiaciones”, resaltó Camacho.
Sostuvo que ocho nuevos querellantes se han adherido a este proceso judicial en contra del exfuncionario del gobierno de Danilo Medina.
En el expediente de solicitud de medida de coerción el Ministerio Público indica que la red del caso Calamar utilizaba al menos 11 instituciones. Con estas, según el expediente, gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos.
También el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como, la compra de inmuebles con sobrecosto.
Además, indica que, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.
Sobre el caso en el que imputan a Donald Guerrero
El pasado 4 de abril del año 2023, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva como medida de coerción contra el exfuncionario gubernamental (2016-2020), Guerrero cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el abogado Ángel Lockward y el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda. Por igual, al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
