La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) imputa que el exdirector técnico de la Procuraduría General de la República, Rafael Canó Sacco. y al exdirector general administrativo, Jonnathan Rodríguez Imbert, de sacar provecho económico del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
“Canó Sacco, prevaleciéndose de su posición de jefe de gabinete, benefició a través de la empresa Soluciones Integradas Mazur Báez , EIRL, a su socio Daniel Elías Manzur Báez, mediante órdenes de compra por varios millones de pesos que fueron emitidas por la Procuraduría General de la República Dominicana, configurándose una estafa agravada, según el interrogatorio a la ciudadana Rainery Elizabeth Medina Sánchez en el cual esta afirmó al Ministerio Público que Soluciones Manzur no prestó ningún servicio, pero cobró aproximadamente RD$50,000,000 y que a ella le hicieron repetir la solicitud de pago como cuatro o cinco veces porque ellos siempre querían algo diferente”, dice la solicitud de allanamiento y arresto que la PEPCA hizo al Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público dice que Rafaael Canó y Rodríguez Imbert tenían incidencia directa respecto al manejo irregular para la escogencia de las empresas que ganaban licitaciones, teniendo la función el señor Rafael Mercedes Marte, quien era encargado del Departamento de Contabilidad, de calcular y recoger cantidades de dinero en efectivo, que eran llevados en bultos a su oficina y luego entregados al director general Administrativo de la Procuraduría.
“Estas situaciones se presentaban en procesos como los relativos al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, en el cual las empresas fueron escogidas de manera directa, existiendo una repartición en cuanto a los beneficios por las entidades comerciales escogidas”, refiere el documento.
Dice que a Alfredo Solano y Jonnathan Medina les tocó lo referente a los pozos sépticos de ese proyecto; mientras que a Amelia Escaño, encargada del departamento de Compras y Contrataciones, recibió los beneficios del equipo médico; Jenny Marte, encargada de proyectos del Plan, obtuvo beneficios por la parte de la construcción.
También se obtuvo beneficios por la instalación de camas y la alimentación de los privados de libertad. Para esto último, dice el documento que se “conformaron grupos que tenían las indicaciones de quiénes no podían ganar las licitaciones”.
