“Regular contenidos en las redes sociales no es el camino”

“Intentar regular el contenido es una pérdida de tiempo”

SANTO DOMINGO.- El consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y especialista internacional en libertad de expresión y regulación digital, Joan Barata, advirtió que la reglamentación de las plataformas digitales no debe inclinarse hacia establecer normas sobre el contenido, porque la regulación debe ser factible, aplicable y compatible con derechos fundamentales como la libertad de expresión.

El consultor internacional conversó con elCaribe sobre su visión de la regulación de las plataformas digitales

¿Qué hacer para evitar las campañas que dañan a las personas a través de las plataformas digitales?
Para eso ya tenemos una ley, desde el siglo XIX eso es una difamación, no ha cambiado nada. Existen muchas cosas, pero no hay sistema legal que pueda actuar contra eso, sería una pérdida de tiempo y de dinero. Vivimos en un mundo virtual en el cual es absolutamente imposible pretender que cualquier acto negativo o incluso ilegal, pueda ser respondido a posteriori de forma efectiva y tenemos que aceptar que esa es la realidad.

¿Hacia donde se orienta la regulación de las plataformas digitales?
Lo primero que quiero destacar es que hay que cambiar el mito de que hay un vacío legal o que no existe ningún tipo de regulación porque existe un mito de que las plataformas digitales son como un territorio aparte. Eso no es cierto, en primer lugar, porque desde el punto de vista de los derechos fundamentales como la libertad de expresión, tanto desde el punto de vista de su contenido como de sus límites o el derecho de privacidad, estos derechos aplican a cualquier contexto y cualquier tecnología. Por tanto, cuando hablamos por redes sociales estamos ejerciendo un derecho que está protegido por el derecho internacional y la Constitución y que también está sujeto a límites en el derecho internacional y en la Constitución, por tanto, no tenemos que ver el mundo digital como un mundo separado para el que se necesita otros instrumentos legales.

¿Entonces no se necesita regulación para las plataformas digitales?
Cuando me preguntan, digo, no, apliquen la norma general que tienen. Lo que es protegido y legal en el mundo físico, es legal y protegido en el mundo virtual y lo que es ilegal en el mundo físico, también es ilegal en el mundo virtual.

¿Cuál debe ser entonces el foco de la discusión?
Desde el punto de vista del contenido, muchos estados, no este (dominicano) utilizan el surgimiento de la internet como excusa para limitar la libertad de expresión e introducir nuevas categorías de discurso ilegal que, básicamente, sirven para limitar y controlar la libertad de expresión. Muchos países aprueban leyes que establecen cosas como a partir de ahora será ilegal difundir rumores a través de internet, pero ¿qué es difundir rumores? Le definirá la Policía, el fiscal, etcétera. Otros dicen, a partir de ahora es ilegal perturbar la paz social ¿cómo se perturba la paz social? Hay muchos países con rasgos autoritarios, y ven en internet un peligro porque no lo acaban de controlar, entonces dicen vamos a crearnos nuevas categorías de contenido ilegal que nos van a permitir, de algún modo, controlar aquellos que azuzan.

¿Qué ha cambiado con las plataformas digitales?
Hay un cambio importante con la intermediación y eso no se puede negar. Antes la intermediación era con los medios de comunicación y eso ya ha cambiado. Evidentemente los gobiernos estaban mucho más tranquilos porque tenían más a mano elementos de control. Internet ha roto esa intermediación, pero no creo que eso sea necesariamente malo, porque da nuevas oportunidades a nuevas voces que antes no podían ser escuchadas. La internet pasó a mostrar de manera mucho más descarnada los problemas que tenemos como sociedad y cómo se ha perdido la intermediación que antes se tenía, ahora genera una sensación de pánico, una sensación de pérdida de control.

¿Cuál es el reto?
En el proceso aparece un actor nuevo que no existía antes, las plataformas intermediarias, Meta, Facebook, Twitter… esas plataformas no son medios de comunicación, son otra cosa, son instrumentos de intermediación, son el nuevo instrumento de intermediación más allá de los medios tradicionales, por tanto, el reto no es tanto regular los contenidos, es cómo regular estos nuevos intermediarios.

¿Qué plantea para regular esos intermediarios?
Entonces entramos en una discusión jurídica que es nueva, ahí es donde está lo nuevo. Ahí sí que tenemos una discusión jurídica que se mueve en unos estándares completamente distintos. Las plataformas de intermediación no ejercen la responsabilidad editorial de la misma forma que lo ejercen los medios de comunicación. En los medios de comunicación el responsable editorial decide qué se publica y qué no, en el caso de YouTube no funciona así. Youtube dice, yo solo pongo la plataforma y todo el que quiera publica un video y el que quiera verlo, que lo mire.

¿Las plataformas deben ser responsables del contenido publicado?
Hacer eso sería privatizar la capacidad de decidir lo que es legal y lo que no es legal, y eso es peligroso para la libertad de expresión, por tanto, hay una tentación regulatoria y parece una solución fácil, pero es poner en manos de las plataformas la capacidad de decidir lo que es legal y lo que no es legal, pero no queremos eso. Porque entonces sería YouTube que va a actuar como juez porque va a interpretar la ley. Por tanto, una regulación de ese tipo, sería una regulación problemática porque traslada a las plataformas una responsabilidad que no tienen.

¿Cuál debería ser el enfoque de la regulación?
Esa es la gran cuestión. Hay algunas aproximaciones legales, por ejemplo, en Europa, la ley de Servicios Digitales. Ese es un modelo que todavía tiene algunos aspectos que hay que pulir y perfilar, pero tiene aspectos interesantes. Por ejemplo, te dice lo que es legal y lo que es ilegal, lo decide la ley y no hay que cambiarlo. Esa ley te dice que lo que sí necesitamos son obligaciones estructurales de qué imponemos a las plataformas. Sigue siendo un juez quien decide qué es legal. Entonces es una regulación que no opera en términos de contenido, pero es una obligación que impone en las plataformas ciertas obligaciones de protección de los usuarios para evitar que las plataformas no abusen de ese poder de interferencia que tienen y proteger a los ciudadanos. Por tanto, la idea de este tipo de regulación es imponer a la plataforma una serie de deberes en materia de proceso y proteger a los usuarios de un exceso de poder.

Las plataformas digitales son globales, no están físicamente en República Dominicana ¿cómo un tema local puede alcanzar una empresa global?
La legislación europea dice que si usted quiere tener usuarios europeos tiene que tener un establecimiento en Europa. YouTube en Europa no es estadounidense, es una empresa europea; Tik Tok en Europa, no es China, es una empresa europea.

¿Qué opina sobre el proyecto de libertad de expresión que se discute en República Dominicana?
En América Latina se observa una tendencia hacia el modelo europeo, pero adaptado a la región. Quiero apartar a la Unesco de esta opinión, es a título personal y mi visita aquí es como una agenda de la Unesco. Este proyecto tiene unos elementos de mejora, tiene aspectos muy positivos, pero creo que tiene que considerar los elementos comparados. Digamos que regular el contenido, no es el camino, porque se debe ir hacia algo que pueda ser factible, que pueda ser aplicable y compatible con derechos fundamentales. Al proyecto hay que pulirle algunos aspectos. Hay que crear un marco regulatorio razonable, que aporte seguridad jurídica a todos, incluidas las plataformas y que fomente, no solo la presencia de plataformas, sino también el desarrollo de plataformas en cada país.

YANESSI ESPINAL

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