SANTO DOMINGO.- La promesa de más transparencia en la administración pública, el mayor compromiso de campaña del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), está afectada por los ruidos que provocan las denuncias de supuesta corrupción en el Gobierno, presentadas por las propias autoridades o exfuncionarios.
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) quedó en el ojo de la opinión pública luego de que Compras y Contrataciones cancelara por supuestas irregularidades 18 licitaciones y tenga otras 25 bajo observación para la adquisición de utilería escolar.
Lo mismo sucede con el Seguro Nacional de Salud (Senasa) que también está en el ojo del huracán por una supuesta red de corrupción en la ARS pública, lo que genera malestar no solo en las esferas gubernamentales, sino también en toda la sociedad.
Ayer el propio presidente de la República reconoció las irregularidades y reveló que fue el propio Gobierno el que pidió una investigación a la Procuraduría durante el pasado año.
El viernes de la semana anterior, Compras y Contrataciones Públicas también canceló la compra de un lote 2 mil 894 silbatos (pitos) con sus correspondientes portapitos, por un monto que asciende a RD$5,634.618 debido a la falta de estudios previos publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
El tema generó críticas en la opinión pública.
Ahora, los escándalos continúan en Educación con la denuncia contra el exministro Ángel Hernández que presentó la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) y las revelaciones del exfuncionario de que hizo una investigación a la pasada gestión y detectó serias irregularidades.
La propia institución encargada de la Ética provocó ruidos vinculados a la transparencia por la inversión de 57 millones de pesos en un congreso sobre integridad gubernamental desarrollado en Punta Cana.
Sobre esas y otras irregularidades, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, ha defendido el manejo del Gobierno y ha afirmado que ahora salen a la luz pública, antes se ocultaban.
“Aquí estamos haciendo las cosas hermosas, que es que el pueblo pueda ver; y, además, los mismos funcionarios que no han cometido graves faltas, todas subsanables, sepan que hay una vigilancia; y además que el poder contralor del Estado por fin funcione”, manifestó en declaraciones recogidas por la prensa nacional en junio de 2023.
La República Dominicana, según el reporte del índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en 2024, el país mejoró en esa materia al alcanzar un avance de 8% y bajar 33 posiciones desde el 2020.
Sobre la percepción de la corrupción, la encuesta Gallup publicada en febrero de este año, establece que el 71.4% de la población considera que la corrupción no ha disminuido en los últimos cuatro años.
La misma firma establece que el 54.6% de los encuestados opinó que en el actual gobierno aumentó la transparencia y la lucha contra la corrupción, mientras que un 41.2% cree que han disminuido los hechos corruptos en la administración pública en la gestión del PRM.
La encuesta de Cultura Democrática, publicada el pasado año por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, señaló que para el 2023 la percepción de la corrupción había aumentado al 58% de un 31% que marcó el año anterior.
Casos corrupción desde el inicio de gobierno
Desde el inicio de la primera administración del PRM en 2020, los ruidos no se detienen con casos como la compra de jeringas en el Ministerio de Salud Pública, un hecho que provocó la destitución del primer ministro de Salud en la gestión del PRM, Plutarco Arias.
También el famoso bolo 13 de la Lotería Nacional que involucró un fraude que quedó grabado y por el hecho fue destituido el administrador de esa institución, Luis Maisichel Dicent, que fue sometido a la justicia por el hecho y descargado en los tribunales.
Igualmente, para el 2021, el presidente Luis Abinader destituyó al entonces director el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adan Peguero, tras irregularidades en un acuerdo suscrito con la empresa Mia Cargo Group.
Los escándalos han alcanzado el programa de asistencia social a través las tarjetas de ayuda monetaria condiciona que entrega el Estado a través del Programa Supérate y que estaban administrados por la desaparecida Administradora de Subsidios Sociales (Adess). Compras y Contrataciones Públicas anuló varias licitaciones, las licitaciones en el Ministerio de Educación que fueron anuladas por supuestas irregularidades en la gestión de Roberto Fulcar.
YANESSI ESPINAL
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