El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, afirma que se han eliminado 40 años de mora judicial estructural
SANTO DOMINGO.- Con la proclamación de que defiende la “justicia íntegra y firme, que no se doblega ni responde a presiones o intereses ajenos, vengan de donde vengan”, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, presentó ayer los avances del sistema judicial dominicano y citó, a la vez, los retos que aún persisten.
Al pronunciar un discurso en la tradicional audiencia solemne por el Día del Poder Judicial que encabezó el presidente Luis Abinader, Molina afirmó que, en los casi siete años de trabajo al frente de ese Poder del Estado, la SCJ ha eliminado más de 40 años de mora judicial estructural, instaurando una disciplina férrea y una cultura de rechazo al retardo..
Refirió que a su llegada, en 2019, se encontró en un punto crítico porque nueve de cada diez casos tardaban un año o más en resolverse y algunos llevaban pendientes desde 1982.
En ese sentido, indicó que el trabajo se enfocó en la erradicación de la mora, lo que dio como resultado que en la actualidad el 90 % de los casos se resuelvan en un año o menos, con plazos más previsibles y favorables para la vida de las personas y el desarrollo del país.
Sostuvo que, en materia civil y comercial los casos ahora duran 12 meses promedio; en materia inmobiliario, contencioso-administrativo, tributario y laboral, 6 meses; en materia penal para el 80 % de los casos, 3 meses y 24 horas en los procesos de extradición.
Igualmente, mencionó que hoy día el 87 % de las salas a nivel nacional están al día y la información judicial se encuentra actualizada en línea.
Reto: congestión en inmobiliaria
A pesar de los avances obtenidos en la evacuación judicial, Molina indicó que aún persisten retos en los departamentos más congestionados y en materias como la inmobiliaria.
“De los 11 departamentos judiciales sólo Santo Domingo no alcanza el 80 % de tribunales al día, lo que marca hoy nuestra prioridad de trabajo más inmediata. Los asuntos administrativos se redujeron del 49 % al 36 % del total de casos, lo que da a los jueces más espacio para cumplir su función constitucional de decidir sobre los conflictos entre las personas”, precisó.
En su alocución, el presidente de la Suprema Corte de Justicia aseguró que estos resultados constituyen “un logro país”, por lo que agradeció la labor del Congreso Nacional, al resaltar que nada hubiese sido posible sin la aprobación de Ley que habilita y regula el uso de medios digitales en el Poder Judicial; la Ley sobre Recurso de Casación; y la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil.
Reformas penales: otro reto, pero oportunidad para humanizar sistema
Tras destacar que en materia penal se pasó de 13 a un 75 % de casos resueltos en el último trimestre del pasado año, debido a acuerdos junto al Ministerio Público y a la Defensa Pública para solución temprana y adversarial, el también presidente del Consejo del Poder Judicial sostuvo que recientes reformas a la justicia penal representan un gran reto, pero también una oportunidad que debe ser aprovechada para eficientizar y humanizar el sistema.
“En especial, para mejorar los plazos del proceso penal que aún no se cumplen, lo que afecta a las víctimas y a los privados de libertad”, dijo. “Esta es la única manera en que un sistema acusatorio puede cumplir su cometido”, agregó.
100 % Acceso: digitalidad al servicio de las personas
Durante su pronunciamiento, Luis Henry Molina sostuvo que, bajo el entendido de que “la justicia debe llegar a tiempo y a todos, especialmente a los más vulnerables”, mencionó que hoy el acceso digital permite a más de 27 mil personas gestionar sus casos sin traslados ni filas, participar en audiencias virtuales, tramitar y consultar expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
Enfatizó que la SCJ avanza hacia un ecosistema de acceso integrado, para hacer realidad una justicia a un clic de distancia. “Un modelo que reunirá en un solo punto: información, servicios y seguimiento de los casos, con trámites digitales, estadísticas en tiempo real, acceso a la jurisprudencia y validación de documentos, de forma clara, sencilla y oportuna”, explicó.
En el caso del Registro Inmobiliario, apuntó que dio un salto hacia un servicio más ágil, seguro y cercano a las personas, ya que se habilitaron herramientas digitales como las Alertas Registrales y la interoperabilidad con los tribunales, que simplificaron trámites, y redujeron tiempos, y fortalecen la protección del derecho de propiedad.
“Somos conscientes de que todavía hay situaciones que enfrentar, para consolidar la digitalización como herramienta a disposición de las personas y de las instituciones, con el fin de proveer mejores servicios”, señaló.
Ciudades judiciales SDE, SDO y el DN
Entre los aspectos destacados en su gestión, el titular de la SCJ citó la puesta en funcionamiento de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este que, afirma, es un nuevo paradigma de servicio. En tal sentido, agradeció el apoyo del Poder Ejecutivo y a la visión de los integrantes de la institución.
“Aquí debo detenerme y ser enfático: La que era la peor infraestructura judicial del país, es hoy de las más modernas y dignas de la región”, enfatizó.
En ese mismo tenor, dijo que en la misma ruta, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones trabaja arduamente para entregar, en este año 2026, la Ciudad Judicial de Santo Domingo Oeste e iniciar la del Distrito Nacional.
“En cuanto a la infraestructura, nuestro concepto evolucionó. Estamos pasando de edificios a centros de servicios centrados en las personas”, comentó.
“Todo esto representa mayor acceso, pero, sobre todo, es más dignidad para los ciudadanos, los servidores y actores del sistema de justicia”, agregó en el acto en el que estuvieron presentes representantes de los demás Poderes del Estado, funcionarios del Gobierno, miembros de la sociedad civil, de la comunidad jurídica, entre otros.
Resalta niveles de transparencia
En cuanto al accionar de la SCJ, Luis Henry Molina fue enfático en señalar que la ciudadanía no exige perfección, sino honestidad. Por ello, refirió que la transparencia es el cimiento moral sobre el cual se edifica la confianza pública.
A partir de esto, el jurista informó que, por primera vez, la institución alcanzó el 100 % en el índice de transparencia. “Esto no mide trámites administrativos; mide confianza recuperada”, aclaró.
Igualmente, comunicó que los informes anuales de desempeño de los jueces de la Suprema Corte se presentan en plazo, ante el Consejo Nacional de la Magistratura y que este gesto, “sencillo en apariencia”, rompió décadas de tradición y estableció un estándar de que los jueces también rinden cuentas.
De igual forma, subrayó que desde la SCJ se creó el Observatorio del Poder Judicial, donde el desempeño de cada tribunal está disponible en datos abiertos. “Por primera vez, cualquier ciudadano puede mirar cómo avanza la justicia en su comunidad”, aseveró.
Monseñor asegura que la justicia no es un simple concepto sino una virtud
En ocasión de la celebración de los actos conmemorativos por el Día del Poder Judicial, fue celebrada la misa roja, en la cual Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán afirmó que la Justicia no es un simple concepto sino una virtud cardinal.
Al pronunciar su homilía frente al juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y los jueces y juezas que integran el Pleno de esa alta corte, así como de otras instancias, el sacerdote destacó que los principios en los cuales descansa la justicia como la independencia, imparcialidad, transparencia y accesibilidad son virtudes públicas que sostienen la legitimidad del sistema judicial y la confianza de la ciudadanía.
Las virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, estas forman parte de la filosofía y doctrina cristiana.
“Sin independencia no hay justicia, sin transparencia no hay confianza, sin accesibilidad la justicia se convierte un privilegio, sin credibilidad la ley pierde su autoridad moral”, explicó monseñor Morel Diplán.
El sacerdote puso de relieve el plan Justicia del Futuro 2034, el que aseguró constituye una señal clara de una conciencia institucional y de responsabilidad histórica, al tiempo de expresar que colocar en el centro del sistema judicial la dignidad humana no es solo una opción estratégica, sino una exigencia ética, cristiana y constitucional.
Asimismo, monseñor celebró los avances en la justicia, entre ellos los tecnológicos y la puesta en funcionamiento de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, lo que afirmó simboliza un esfuerzo real para hacer una justicia más accesible y eficiente.
“Todo ello habla de una institución que no permanece inmóvil, sino que busca responder a las exigencias de sus tiempos”, afirmó el religioso.
La Misa Roja recibe ese nombre por el color de la vestimenta utilizada por los celebrantes y el fuego, símbolo del Espíritu Santo. Esta se celebra desde 1953, en diferentes países del mundo, y es una festividad a la que tradicionalmente asisten jueces, abogados, profesores y estudiantes de derecho que piden la bendición de Dios para una buena administración de justicia.
Posteriormente a la misa roja, fue depositada una ofrenda floral en honor a los padres fundadores de la nación en el Altar de la Patria.
Por la fecha, también se realizaron audiencias solemnes en los 11 departamentos judiciales del país, que se desarrollaron de forma simultánea en todo el territorio nacional.
Justicia del Futuro 2034 es el siguiente nivel
El presidente de la Suprema Corte de Justicia dejó claro en su intervención que lo más importante de la transformación judicial es su impacto directo en la fe del ciudadano y en los beneficios de la seguridad jurídica para el desarrollo económico y social. Dijo que, según el Latinobarómetro, la República Dominicana duplicó los niveles de confianza desde 2019, y este es el país que más avanzó en el índice global de Estado de Derecho 2025, del World Justice Project, y en total escalamos 20 posiciones desde 2019.
Luego de citar los logros, indicó que la “Justicia del Futuro 2034” es el siguiente nivel para enfrentar los desafíos que persisten. La hoja de ruta se encamina, según sus palabras, hacia una justicia sin mora, con casos resueltos en un año o menos en todos los tribunales; plenamente accesible, con todos los servicios en línea e interoperables; sin barreras geográficas, económicas, sociales ni culturales; en la que los más vulnerables confíen, porque reciben un trato digno; una justicia pensada para las personas, que consolida la visión de Justicia Abierta mediante una comunicación clara, asertiva, con espacios de participación, transparencia e innovación; con jueces respaldados por una carrera estable que premia el mérito y garantiza su independencia y que ofrece seguridad jurídica y promueva el desarrollo nacional.
DARIELYS QUEZADA
