POR DANILO CRUZ PICHARDO.- A la presente administración se le reconoce su esfuerzo por rescatar las instituciones democráticas, tales como la JCE, el TSE, TC, SCJ y Cámara de Cuentas. De igual forma se observa consenso en que los niveles de corrupción pública han bajado. Y al Gobierno hay que justificarle que asumió en medio de una pandemia que destruyó la economía mundial. Hubo inflación universal, de la cual este país no podía salvarse, porque el grueso de las materias primas, con que se elaboran los productos de consumo masivo, proviene del exterior.
Sin embargo, nadie puede descartar también que haya conflictos de intereses, porque más del 90 % de los ministros son empresarios del mismo sector en que fueron designados, lo que no deja de ser una indelicadeza.
A Abinader le atribuyen tener muchos compromisos con la oligarquía. Con personas que no son políticas –algunas, inclusive, desconocidas al momento de la designación–, pero que aportaron millones en campaña y se les está pagando su inversión. Pero independientemente de los pagos de favores Abinader se ha propuesto realizar un gobierno para la oligarquía, lo que se deduce con las designaciones, contratos y contratas, con los fideicomisos y con la gente que recibe y le rodea.
Esa inclinación pretende aplicarla al PRM, excluyendo de la Comisión Ejecutiva a Tony Raful, premio de la literatura, Ramón Alburquerque, el mejor técnico que tiene el país, Fafa Taveras, un héroe nacional, y Guido Gómez Mazara, joven inteligente, de gran carisma y de raíces revolucionarias. Todos enarbolan el pensamiento peñagomista, líder al que el presidente nunca apoyó.
Esos dirigentes fueron remplazados por tres empresarios, Ito Bisonó, reformista, Samuel Pereyra, desconocido que otorgó mucho dinero en campaña, y Robertico Salcedo, empresario televisivo.
Las medidas adoptadas por el PRM son ilegales y muestran intolerancia. Las redes se han convertido en un avispero y analistas no descartan una división. En estos momentos la reelección se tambalea.
