SANTO DOMINGO.- Entre las acusaciones que presenta el Ministerio Público en contra de los involucrados en la presunta red de corrupción denominada Medusa, está el haber distraído y asignado de forma irregular bienes decomisados y bajo custodia del Ministerio Público.
El documento plantea que la Unidad de Custodia y Bienes Incautados, estaba bajo control absoluto del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien la habría elevado a una dirección y habría instruido a todos los fiscales y procuradores adjuntos para que le entregaran “un listado físico y electrónico de todos los activos y bienes muebles e inmuebles que hayan sido incautados y/o secuestrados y/o decomisados puestos bajo su custodia y/o administración”.
Indican además que, por instrucciones de Rodríguez Sánchez, fue designado como director de esa unidad el acusado Alejandro Martín Rosa Llanes, al que los investigadores definen como compañero de estudios primarios en el Colegio Loyola de Santo Domingo del ex procurador y del señor Rafael Canó Sacco, “persona de confianza mutua, garantía del acatamiento irrestricto de órdenes superiores”.
Entre las irregularidades que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) señala se cometieron en la referida unidad, destaca lo ocurrido con un apartamento que habrían vendido en subasta y por el que, supuestamente se hizo un solo pago de 1.5 millones de pesos, pese a que la oferta fue de 10.5 millones y de que el valor de tasación era de 21 millones de pesos.
Se trata del apartamento 11-E del Condominio Pedro Henríquez Ureña, ubicado en la Avenida Pedro Henríquez Ureña No. 131, La Esperilla, Distrito Nacional, decomisado en el Caso José David Figueroa Agosto.
El expediente señala que el apartamento fue cedido en ocupación a la empresa Asteria Mercantil S.R.L., para fines de vivienda, y que la referida empresa pertenece al ciudadano José Augusto Montás Cabrera, “hermano de la señora Shaula Thais Montás Cabrera, persona de confianza del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien la designó en el cargo de Coordinadora, en la denominada Dirección de Coordinación Institucional de la Procuraduría General de la República, y lo había acompañado en el CEI-RD con el cargo de Sub Gerente, en la Gerencia de Call Center and BPO (Business Process Outsourcing)”
En la acusación se describe que el apartamento tuvo un acuerdo de custodia con vigencia de cinco años, de fecha 1 de febrero de 2017, que habrían suscrito el acusado Rosa Llanes, director de la Unidad de Bienes Incautados, José Augusto Montás Cabrera, en calidad de gerente de Asteria Mercantil (ocupante para vivienda) y el acusado Jonnathan Rodríguez Imbert, director Administrativo y Financiero de la Procuraduría General de la República.
Para la custodia se habría acordado un pago de mensualidad de 30,000 pesos por concepto de compensación de uso del inmueble, y otros 30,000 pesos por concepto de pago de mantenimiento.
“Sin embargo, al día uno (01) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), sólo por este último concepto presenta una deuda general de Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos Dominicanos con Setenta y Ocho Centavos (RD$5,887,654.78).”, dice el documento de la PEPCA.
El Ministerio Público agrega que, pese a la deuda y de que la cláusula del contrato establece que la falta de pago de las mensualidades se consideran una violación al acuerdo de custodia del inmueble, pudiendo la Procuraduría General de la República rescindirlo sin responsabilidad alguna frente al ocupante, “los acusados Alejandro Martín Rosa Llanes y Jonnathan Rodríguez Imbert, nunca ejercieron las acciones correspondientes en interés de la institución que representaban, ni exigieron el cumplimiento de tales obligaciones de pago al deudor”.
Señala que ambos “prevaricaron a su favor, porque había una decisión firme de distraer el inmueble en beneficio de estas personas, terceros vinculados al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez”.
Luego detalla el acto de apropiación del inmueble. “El indicado apartamento fue apropiado a través de la supuesta “subasta” identificada con el número PSBI-01-2019, bajo la modalidad de subasta en sobre cerrado”.
Indica que para tales fines se registró como oferente el ciudadano José Augusto Montás Cabrera, “haciendo un único pago por el monto de Un Millón Quinientos Setenta y Cinco Mil Pesos Dominicano (RD$1,575,000.00), equivalente al 15% del valor precio ofertado, que ascendía a Diez Millones Quinientos Mil Pesos Dominicanos (RD$10,500,000.00), a pesar de que la documentación refiere que el apartamento presentaba un valor tasado de Veintiún Millones Ochenta y Dos Mil Pesos Dominicanos (RD$21,082,000.00), es decir, más del doble del precio de venta”.
En la acusación, los investigadores indica que el exprocurador, como presidente del Consejo del Ministerio de Público, logró que se aprobaran dos reglamentos para la Custodia, Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles Incautados y Decomisados. La última de esas resoluciones habría incluido la modalidad de subasta en sobre cerrado, “como acto preparatorio de ser aplicada a la subasta PSBI-01-2019”.
También refieren que con las modificaciones del reglamento se logró la flexibilización de las prohibiciones de ser ofertantes, subordinándola a que el funcionario o empleado público haya tenido participación directa en el caso o proceso de incautación del bien cuestión.
También habría permitido la supresión de la comisión de ventas para bienes muebles e inmuebles incautados de la Procuraduría General de la República, otorgándole al Procurador General la dirección sobre el tema en particular, “como se observa en los Arts. 5, 12, 36 y 39, del Reglamento de fecha 18 de junio de 2019”.
Insiste en que la modalidad de subasta en sobre cerrado era un procedimiento “para disipar los bienes decomisados, repartiéndolos discrecionalmente en base al tráfico de influencias y otras artimañas, resultando un fiasco para las arcas del Estado Dominicano, que debió ser el beneficiario final del decomiso y venta de los bienes”.
“El propio acusado, Jean Alain Rodríguez Sánchez, intentó distraer cuatro (04) inmuebles mediante la indicada subasta, para lo cual utilizó como prestanombre al señor Sergio Augusto Sánchez Piñero, excompañero de trabajo en la empresa Domicem, S.A., persona de confianza “.
Detalla que Sánchez Piñero fue convocado al Despacho del ex procurador general, “donde se reunieron y el primero le solicitó al segundo que comprara un inmueble ubicado en Palenque, San Cristóbal, que estaba en pública subasta, que lo pusiera a su nombre y que más adelante se vendería, operación de la cual le pagaría Un Millón de Pesos Dominicanos (RD$1,000,000.00) al señor Sánchez Piñeiro, propuesta a la cual éste último accedió, recibiendo los montos de la primera puja de manos de la asistente del ex procurador, la señora Vilmi Durán”.
La PEPCA dice que las abreviaturas del nombre de Sánchez Piñero se repiten en cuatro procesos de subasta distintos.
