POR ORION MEJIA.- No es desde ahora que las dictaduras de izquierda o derecha se mercadean como si fueran democracia, como ocurrió en el traspatio dominicano con Trujillo que instaló por vía de elecciones presidentes títeres, y el Chile, donde el régimen de sangre de Augusto Pinochet fue promovido como paradigma de un nuevo modelo democrático.
El problema no es solo que se instale una dictadura violadora de los derechos ciudadanos, sino que se certifique como gobierno democrático que representa la voluntad de lo que quiere su pueblo, aunque el dictador derrumbe todo el andamio institucional.
El caso de Nayib Bukele, presidente de El Salvador que jura que haber descubierto la fórmula del agua tibia, que consiste en construir una gran cárcel para albergar a 76 mil supuestos miembros de bandas de delincuentes, deportados desde Estados Unidos que han asolado a la sociedad salvadoreña.
En nombre de una supuesta gran victoria sobre la delincuencia, Bukele viola la Constitución, para lo cual asume control sobre Poder Judicial y del Parlamento y obliga a la Corte Suprema a interpretar maliciosamente la Carta Magna para abrirle paso a su reelección.
Desde la proclamación de la Independencia hasta el ajusticiamiento de Trujillo, la mayoría de los dominicanos malvivían en entramados rurales, descalzos, hambrientos, enfermos y excluidos, mientras el sátrapa ejercía un gobierno de terror, que lógicamente garantizaba “seguridad ciudadana”.
Eso mismo, con distancia guardada, ocurre en El Salvador, donde aún un puñado de familias dominan todas las actividades económicas, mientras la mayoría de su pueblo carece de empleo digno, vivienda, salud, educación, aunque se admite que ahora disfrutan de seguridad, por lo que pueden morirse tranquilos.
Han transcurrido más de 60 años desde el ajusticiamiento de Trujillo y todavía, las generaciones sobrevivientes añoran que en ese tiempo no había delincuencia ni criminalidad, aunque se acostumbraron a recibir latigazos del régimen y sufrir miserables condiciones de vida junto a su familia.
La seguridad ciudadana es un derecho inalienable que Estado y gobierno están obligados a garantizar sin conculcar otras prerrogativas constitucionales, como las libertades de prensa y expresión, de tránsito, de reunión o de asociación y menos aún, el derecho al debido proceso, presunción de inocencia e independencia de jueces y fiscales.
Nayib Bukele ganará hoy su repostulación, por lo que podrá decirle al mundo que encabeza un gobierno democrático y civilista, aunque viole la Constitución y borre los derechos ciudadanos asociado con la libertad y la justicia.
La democracia puede y debe garantizar seguridad ciudadana, contener la delincuencia y la criminalidad, sin necesidad de degenerar en una burda dictadura que condena al pueblo a sufrir por siempre miseria y marginalidad, con la única conquista cívica de morirse tranquilo.
