LA VEGA.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia La Vega impuso un año de prisión preventiva a un supervisor y un privado de libertad del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, imputados por la muerte de un interno de ese centro penitenciario el pasado mes de enero.
Además, el tribunal declaró el caso de tramitación compleja.
La jueza Génesis Mercedes Tavárez Ortiz, impuso la prisión preventiva al supervisor Delvis Johnson Minalla Rodríguez y/o Delvis Jhonson Minalla Rodríguez y al interno José Francisco Hiciano Moya, principales sospechosos, junto al prófugo Ambiorix Pimentel García (la Jota), de provocar la muerte por envenenamiento al privado de libertad Alejandro Vidal dentro del referido centro penitenciario.
Hiciano Moya cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, del municipio Moca, en la provincia Espaillat, mientras que Minalla Rodríguez la cumplirá en el CCR, Rafey Hombres, en la provincia Santiago.
Según se ha establecido en el transcurso de las investigaciones, el hecho ocurrió por una lucha por el control de territorio y cárceles para el microtráfico.
La solicitud de medida de coerción establece que el hecho ocurrió el pasado 15 de enero, aproximadamente a las 7:30 de la mañana.
Detalla que el imputado e interno Hiciano Moya, condenado a 30 años de prisión por asesinato, como parte de una estructura criminal, suministró intencionalmente un jugo verde mezclado con una sustancia tóxica llamada Methomil a Alejandro Vidal (condenado a 10 años de prisión por narcotráfico), ocasionándole la muerte por envenenamiento, mientras se encontraba en una celda de máxima seguridad del penal.
Indica que en el momento en que Hiciano le entregó el jugo verde con la sustancia tóxica al interno fallecido, Minalla Rodríguez se encontraba de turno como supervisor penitenciario del CCR, facilitando al primero la entrada al área de máxima seguridad para que este entregara el alimento contaminado, a pesar de la prohibición expresa de la entrega de alimentos, sin la debida documentación fotográfica del proceso alimenticio, como parte de las medidas especiales de cuidado de Vidal, debido a amenazas previas de muerte.
Por este motivo, la víctima había sido trasladado de varios centros penitenciarios con la finalidad de preservar su vida, tras establecerse que estas amenazas y complot para terminar con su vida fueron realizadas por Joel Ambiorix Pimentel García, alias «la Jota», quien se encuentra prófugo de la justicia.
La medida de coerción fue impuesta en contra de los imputados por violar las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 295, 296 y 301 del Código Penal Dominicano en perjuicio de Alejandro Vidal y el Estado dominicano.
Durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción fueron presentadas evidencias que comprometen la responsabilidad penal de los imputados.
La prisión preventiva le fue impuesta a los procesados tras varias audiencias, luego de que el Ministerio Público solicitara el pasado 1 de marzo la imposición de la medida de coerción tras ejecutarse su arresto con orden judicial.
De acuerdo al Ministerio Público, Joel Ambioris Pimentel García, figura como el cabecilla de una red que opera y controla a nivel delincuencial el nuevo sistema de cárceles de la República Dominicana.
Y amenazó a Miriam Germán Brito diciendo que “si le tocaban a su gente en la cárcel se iba a resolver con sangre, diciendo que me podían matar a mi hijo”.
