POR JUAN TAVERAS HERNANDEZ.- Es cierto que el Sistema Penitenciario de la República Dominicana ha registrado notables avances en los últimos años, pero es igualmente cierto que aún falta mucho por hacer, porque las cárceles siguen abarrotadas de “internos” en pésimas condiciones de hacinamiento, sin que las autoridades inviertan los recursos necesarios para mejorar las condiciones de vida de los reclusos, que no sólo pierden su libertad, sino que también su dignidad, lo cual es inaceptable para un país donde supuestamente existe un “Estado democrático de derechos”.
Gracias al presidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños, tengo en mis manos el informe de las condiciones de detención y de prisión del año 2022, preparado por la Oficina Nacional de Defensa Pública del país, que revela grandes limitaciones en nuestras cárceles, muchas de las cuales pueden resolverse con voluntad política de parte de las autoridades, tanto del Ministerio Público, como del Poder Ejecutivo.
En el país tenemos casi 28 mil “internos”, de los cuales el 62% son preventivos, fruto de una sociedad cada vez más violenta y de un sistema de justicia donde predomina el ¡tránquelo!, sobre todo cuando se trata de ciudadanos pobres, sin posibilidad de adquirir un buen abogado que defienda sus derechos, lo cual no ocurre con los políticos y empresarios corruptos, que tienen los mejores y más calificados juristas que los defenderán hasta la muerte reclamando se cumpla el “debido proceso” y exigiendo se cumpla en todo momento con la “presunción de inocencia”.
El sello de clase del Sistema Judicial no está al margen de los procesos judiciales. Condenar y llevar a la cárcel a un pobre diablo es fácil, difícil es condenar a un político ladrón, como lo vemos todos los días.
Las cárceles están llenas de pobres. La violencia, la pobreza, la criminalidad y la delincuencia se reproducen en las cárceles que se supone deben ser lugares de regeneración social. Los expedientes de corrupción duran años sin que adquieran el carácter de la “cosa irrevocablemente juzgada”, pero si se trata de un infeliz se puede pudrir literalmente en la cárcel.
Tras leer el informe nos damos cuenta de la urgencia de crear el Ministerio de Justicia que ha propuesto el presidente Luís Abinader, para, entre otras cosas, quitarle a la Procuraduría el control y manejo de los recintos penitenciarios.
Existe una dicotomía inaceptable entre el viejo y el nuevo modelo. En uno el nivel de educación y de reincidencia es distinto al otro. Entre uno y otra encontramos muchas diferencias. Igualmente, los niveles de hacinamientos son distintos. En uno los reclusos no tienen retretes, baños, camas, etc., mientras que, en el otro, con precariedad, es cierto, pero la miseria es menos ostensible.
