Tensión, desesperación e incertidumbre se perciben a lo largo de la frontera mexicana por el aumento del flujo de migrantes y las nuevas políticas del Gobierno estadounidense de Joe Biden, que este miércoles negó que exista una «crisis migratoria».
En Tijuana, la ciudad más grande de la frontera norte de México, la confusión impera en un campamento con 1,500 migrantes de Honduras, El Salvador, Cuba, Haití y África, entre quienes hay 300 niños, 50 bebés y 10 mujeres embarazadas que esperan cruzar a Estados Unidos.
Los migrantes denunciaron que están en casas de acampar sin sanitarios ni espacios para aseo personal, con una reducida vigilancia de la Policía Municipal de Tijuana.
«No nos vamos a ir a un albergue hasta que nos den respuesta», dijeron los solicitantes de asilo del campamento de El Chaparral que prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a su seguridad.
Biden reanudó el 19 de febrero el procesamiento de 25,000 solicitantes de asilo devueltos a México bajo el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, en inglés), conocido como «Remain in Mexico» (Permanecer en México), instaurado por el anterior presidente, Donald Trump (2017-2021).
Aunque estos migrantes no califican dentro del MPP, argumentaron que medios de comunicación «difundieron» que Biden «abriría las puertas» y que regresar a sus países de origen no es opción.
«Es algo cruel porque la mayoría de los que estamos aquí venimos por persecución, venimos por actos de tortura o por alguna otra razón, pero estamos aquí para mandar un mensaje a las autoridades de que no queremos entrar a la fuerza», dijo una mujer de Honduras.
EL ROL DE MÉXICO
José Luis Pérez, director municipal de Atención al Migrante, pidió la intervención del Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al asegurar que no percibe presencia federal.
A diferencia de mayo de 2019, cuando Trump presionó al Gobierno de México para detener el flujo migratorio con las Fuerzas Armadas, ahora no hay un posicionamiento público.
El Gobierno de México tiene desplegados más de 7,770 agentes de la Guardia Nacional, un cuerpo policial militar, en los cuatro estados de la frontera sur, de los que 3,484 están en Chiapas.
«Por el momento no se tiene contemplado mayor despliegue en la frontera sur», afirmó a Efe una portavoz de la Guardia Nacional ante los reportes de un presunto aumento de su presencia por el creciente flujo migratorio.
¿HAY CRISIS?
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) reportó la detención de 100,441 migrantes indocumentados en febrero, frente a los 78,442 de enero.
Aunque la tendencia aumenta, aún no alcanza los datos de mayo de 2019, cuando la CBP aprehendió a 132,856 personas.
Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, rechazó este miércoles en el Congreso que exista una «crisis migratoria» al apuntar a la «crisis humanitaria» creada por las políticas de Trump.
Sergio Prieto, académico del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) de México, explicó que la situación actual «no es un fenómeno nuevo», por lo que hablar de crisis podría utilizarse con fines políticos.
«Ahora volvemos a escuchar la palabra crisis y volvemos a comprobar un aumento de este tipo de políticas de militarización y control migratorio, entonces vemos que hay una causa-efecto entre este lenguaje y las políticas”, indicó a Efe.
El investigador de estudios de migración y procesos transfronterizos detalló que el aumento del flujo migratorio de Centroamérica se debe a una agudización de la pobreza y violencia de la región combinada con el cambio de gobierno de Estados Unidos.
Pese a la nueva actitud de Biden, Prieto consideró que no ha cambiado la presión de Estados Unidos hacia México, que apenas esta semana anunció que el Tren Maya sería propiedad del Ejército para «proteger» la frontera.
«El cambio es solo de forma, no es de fondo. Es cierto que hay un cambio de discurso muy fuerte. Este nuevo gobierno (de Biden) no asume una posición de hegemonía con respecto a México ni una posición tan beligerante, pero obviamente sigue siendo un asunto de seguridad nacional», opinó.
En tanto, en el campamento de El Chaparral los migrantes reciben atención básica de la Secretaría de Salud y de organismos civiles de Estados Unidos.
Pero también perciben intimidaciones de la CBP, que realizó un ensayo de protección de la frontera en San Ysidro, donde arrojaron bombas de gas.
«Da miedo, pero uno que es migrante tiene que enfrentarse a todo», confesó una mujer que se identificó como Maricelaó.
EFE
