SANTO DOMINGO.- El exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Arturo Chalas, reconoció durante su declaración en el tribunal que juzga el denominado caso Calamar que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, fue quien desmontó la estructura ilegal que operaba en el área de Casinos y Juegos de Azar.
Chalas explicó que la supuesta estructura estaba conformada por Ramón Emilio Jiménez, Fernando Arturo Crisóstomo y José Ureña, sin incluir a Guerrero. Indicó, además, que Ramón Emilio Jiménez se autodenominaba “el director de Casinos en la calle” y que era precisamente él quien le entregaba dinero.
De acuerdo con su declaración, Guerrero intentó desmontar la estructura que operaba en ese sector.
Donald Guerrero
El abogado de Guerrero, Manuel Rodríguez, afirmó que el testimonio de Chalas desmonta la versión del Ministerio Público, al dejar establecido que Donald Guerrero no integró ni respaldó ninguna estructura irregular.
Señaló que el exministro actuó para identificar y desmantelar los mecanismos indebidos que encontró en el área de Casinos y Juegos de Azar.
Sin embargo, Rodríguez cuestionó el manejo del Ministerio Público: “A propósito del uso que ha venido haciendo el Ministerio Público de los criterios de oportunidad, las declaraciones del señor Óscar Chalas dan cuenta de cómo la justicia se está convirtiendo en un foro para negociar la verdad por intereses particulares o personales”, dijo.
Agregó que en 2023 Chalas hizo declaraciones inverosímiles para evitar una medida de coerción, “incluyendo la comisión de hechos improbables y de manera irrazonable”.
Distorsión
El abogado sostuvo que el Ministerio Público ha utilizado sus potestades para dirigir un proceso con fines políticos y espurios, lo que desvirtúa la esencia de la justicia y distorsiona la verdad procesal.
Donald Guerrero, exministro de Hacienda, es acusado en el caso de corrupción denominado Operación Calamar de múltiples delitos, incluyendo: Asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campañas políticas.
La acusación del Ministerio Público se centra en una supuesta red de corrupción que estafó al Estado dominicano, especialmente a través de irregularidades en el pago de expropiaciones y contratos del Estado, desviando miles de millones de pesos.
