Los trabajos para esos fines en el Diálogo Nacional no han arrancado y en el Congreso el tema luce estancado
SANTO DOMINGO.- El cronograma de trabajo para el montaje de las elecciones del 2020 fue incidentado por la aprobación de la Ley de Partidos un año antes de las primarias de las organizaciones políticas y la ley 15/19, un año antes de las elecciones municipales, por lo que, conjugado al hecho de que diversos artículos fueron anulados por los tribunales, la Junta Central Electoral (JCE) se vio obligada a imprimir y modificar en más de una ocasión el calendario de esos procesos. La ley 33/18 fue aprobada en agosto del 2018 y la 15/19 en febrero del 2019.
Recientemente, el presidente de la JCE, Román Jáquez, dio la voz de alerta de que se hace tarde para aprobar los instrumentos legales que norman tanto las primarias de los partidos como las elecciones nacionales, a juzgar por la última experiencia, no queda mucho tiempo para actualizar las legislaciones electorales.
Un análisis simple del tiempo que falta para las primarias de octubre del 2023 y las elecciones municipales de febrero del 2024, lleva a la conclusión que en materia de tiempo y cambios a las legislaciones se recorre el mismo camino que dificultó el montaje de los procesos del 2019 y el 2020.
La JCE aprobó el calendario del 2020 en junio del 2018, es decir, que si la actual administración diseña los plazos en función de esa fecha, estaría a una distancia de poco más de 6 meses para aprobar el calendario, lo que implica que las iniciativas legislativas deben aprobarse a más tardar el primer semestre del 2022.
Un ejemplo de cómo una modificación tardía podría impactar el trabajo de la JCE, es el proceso de selección de los miembros de las juntas electorales que inició el órgano.
La propia JCE propuso modificar el artículo 35 de la ley 15/19 sobre la composición de las juntas electorales para que en las demarcaciones que tengan más de mil colegios, esas instancias tengan cinco integrantes en lugar de tres, como establece la ley vigente.
Ambas leyes son objeto de discusión en dos escenarios. En el marco del diálogo nacional para las reformas que convocó el Gobierno y en la Comisión Permanente de la Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados. Adicionalmente, la JCE presentó su propio proyecto de reforma a esas iniciativas y de acogerse traerían cambios que impactarían en el cronograma de las elecciones del 2024.
Hasta el momento, no se ha informado de ningún avance de la mesa de discusión de esas leyes en el marco del diálogo. Aunque hace algunas semanas el presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, junto a otros integrantes de ese órgano, se reunió con el Pleno de la JCE. La mesa para consensuar ese tema se instalará en la sede del órgano electoral, pero Jáquez ha advertido que si los avances no son progresivos, la JCE, que tiene iniciativa legislativa, presentará su propuesta de modificación al Congreso el próximo año.
En el Congreso la propuesta que tiene apoyo es la aprobación de un Código Electoral, pero no ha habido avances.
Contrario a lo que piensa Jáquez y lo que evidencia la historia reciente, legisladores de diversos partidos han dicho que hay tiempo suficiente para la modificación de esas leyes y han advertido que no las aprobarán con prisa para evitar lo que ocurrió con la ley 33/18 que lleva más de doce artículos anulados por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo.
El presidente de la Comisión Permanente de la Junta Central Electoral en la Cámara de Diputados, Elías Wessin Chávez, afirmó que “estamos en buen tiempo” para modificar las leyes.
¿Un Código Electoral?
El diputado Wessin Chávez ha avanzado los trabajos de contacto con los distintos actores del sistema electoral, político y partidos del país, a fin de lograr el consenso necesario para aprobar un Código Electoral que corrija las imperfecciones de las leyes 33/18 de Partidos y 15/19 del Régimen Electoral. De hecho, ya la comisión ha escuchado la opinión de diversos sectores involucrados en el tema.
La propuesta tiene el apoyo del presidente Luis Abinader, quien ha observado la necesidad de perfeccionar las leyes electorales y en más de una ocasión ha hablado de aprobar un Código Electoral.
Sin embargo, el presidente de la JCE ha dicho que aprobar esa pieza sería mucho más complicado y se tomaría más tiempo que modificar la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral porque incluiría además la ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Propuesta de modificación de la JCE
La propuesta de modificación a las leyes electorales que hizo la JCE abarca básicamente trece puntos, pero el mayor énfasis del órgano ha estado en evitar el gasto excesivo de las campañas electorales y eliminar el voto preferencial al menos en el nivel municipal.
Entre los cambios sugeridos, la JCE plantea que la elección de los candidatos a cargos de elección popular en los partidos no sea responsabilidad de ese organismo como establece ahora la ley 33/18.
Un tema sobre el que el presidente de la JCE ha externado preocupación es el montaje de las primarias de los partidos para la escogencia de los candidatos a cargos de elección popular.
“Es un proceso interno y es la razón natural de ser de un partido político, celebrar sus procesos internos, mal haría la JCE en inmiscuirse en los procesos internos de los partidos políticos”, expresó Jáquez en una entrevista reciente para elCaribe.
Dijo que la JCE lo que debe hacer es supervisar y apoyar a los partidos en esos procesos.
“No es que la Junta está rehuyendo, es que la naturaleza del sistema electoral es esa, la democracia interna la tiene que vivir el partido político, la JCE está proponiendo eso porque no procede, los procesos de primarias cuando involucra al órgano electoral los arrastra en su desafección si la hubiese”, comentó.
La JCE también propone la cuota de paridad de 50/50 para hombres y mujeres, distinto a la cuota 60/40 que existe ahora y el debate electoral obligatorio entre candidatos que serían organizados y promovidos por el propio órgano.
Otros puntos de modificación de las legislaciones son fortalecer el pluralismo político, garantía del derecho a someter las actuaciones de la administración al control de legalidad y juridicidad; contribuir al fortalecimiento del principio de democracia interna; propiciar certeza y seguridad jurídica a los actores del sistema y delinear el marco de atribuciones de la JCE en los aspectos de su competencia.
También hacer efectivo el principio constitucional de equidad en la contienda electoral; garantizar el ejercicio de un voto informado; fortalecimiento de la logística administrativa electoral de cara a la jornada electoral; evaluación y análisis de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en la materia; establecer un nuevo esquema conceptual de alianza o coalición y el fortalecimiento del régimen sancionatorio, tanto administrativo como jurisdiccional de los delitos electorales.
Un reclamo de varios partidos que apoya JCE
La eliminación del voto preferencial es un reclamo de varios partidos que ha encontrado el respaldo del presidente de la JCE. Según Jáquez hay diversas razones por las que la JCE propone que se elimine el voto preferencial para el nivel municipal y que ese modelo sea sustituido por listas cerradas y bloqueadas. “La primera de ellas es que dificulta el escrutinio en el nivel municipal; en segundo lugar, el voto preferencial ha pasado de temático a voto mercurial y económico, donde los candidatos que tengan más recursos son los que ganan las curules”, señaló Jáquez. Igualmente, ha sostenido que ese modelo de elección encarece el voto y es un mecanismo que permite que la política sea financiada por dinero ilícito como el que proviene del narcotráfico. En lo que va del actual periodo, al menos cinco legisladores han sido involucrados al crimen organizado y en delictivos como el lavado de activos y el narcotráfico.
YANESSI ESPINAL
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