SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader permaneció durante más de 100 días en un dilema con el Senado de la República, ya que aseguraba no haber recibido una iniciativa aprobada por el Congreso Nacional que tiene el objetivo de modificar la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Cooprocesamiento de Residuos Sólidos.
Abinader anunció el 28 de julio, seis días después de concluir todo el trámite legislativo en las dos cámaras legislativas, que observaría el proyecto que alteraría ese marco legal. Sin embargo, pasaron los meses sin que oficializara sus recomendaciones ante el Senado. En distintas ocasiones fue consultado por periodistas, a lo que respondía responsabilizando al presidente de la cámara alta, Ricardo de los Santos, ya que, según dijo, era el encargado de que el documento aprobado llegara a sus manos.
Luego de todo ese proceso, el Poder Ejecutivo envió el pasado 4 de noviembre sus sugerencias a los senadores sobre los artículos que debían corregir. Finalmente, y luego de ser sometidas a un proceso de estudio, la cámara alta decidió acoger este viernes el contenido de la carta enviada por el gobernante.
Modificaciones
El presidente Abinader entendió necesario que más de 10 artículos fuesen modificados, así como la eliminación y adición de otros textos, debido a que, de acuerdo con una declaración ofrecida a la prensa el pasado, registraban errores.
Dentro de estas se encuentra el establecimiento de un plazo de 12 meses para los desmontes de plásticos de un solo uso y de foam, como lo contempla la ley, con excepción de los platos con tapas integradas en un solo cuerpo para comida, conocidos popularmente como “laptop”, y las bandejas, por no tener sustitutos que compitan económicamente, por lo que se les extendió un plazo de 24 meses.
La Presidencia logró que los congresistas colocaran un plazo de 12 meses para iniciar el cobro de fundas plásticas que no sean biodegradables en los establecimientos comerciales. “Durante ese plazo los establecimientos deben realizar campañas de sensibilización para sustituir el uso por bolsas reusables o ecoamistosas”, indicó el Gobierno al entregar sus exhortaciones.
Además, alcanzaron la restricción de la importación de calimetes, tenedores, cuchillos, cucharas, tapas plásticas, y cualquier otro producto que no sean biodegradables, luego de 60 días de la promulgación de la presente ley.
Otras propuestas fueron la reformulación de los criterios para el establecimiento de las estaciones de transferencia, los rellenos sanitarios y las plantas de valorización, “de tal suerte que estas no queden limitadas por criterios regionales, sino que se habiliten siempre que se observen determinadas distancias, según cada caso”.
“En sus observaciones el presidente mantiene la tarifa base del pago a los gestores privados, sin un aumento exacerbado en la ley, pero permitiendo al fideicomiso la determinación anual de la tarifa mediante una fórmula que considere los costos operativos, los márgenes de beneficio de cada estructura, la tasa de inflación y devaluación establecida por el fideicomiso anualmente, así como los costos de transporte de los residuos sólidos”, manifiesta un documento de prensa oficial.
ANGEL VALDEZ
