Tres ediles juzgados por violar Ley de Libre Acceso

Tras la suspensión del actual presidente de la Junta Distrital del municipio de Cabarete, suman tres los directores distritales de esta demarcación que, de manera sucesiva, fueron llevados a los tribunales acusados de violar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Cabarete, reconocida como la capital de los deportes acuáticos y de aventuras en el Caribe, ha tenido sus últimas tres autoridades involucradas en procesos judiciales que ponen bajo escrutinio la administración pública de este paradisíaco destino turístico que, de acuerdo a los sometimientos de dos de sus ediles y a la condena de otro, sufre un patrón de manejos administrativos cuestionables.

Tal es el caso de Freddy Zarzuela Cruz, quien fue suspendido de manera provisional como director de ese distrito, tras ordenanza el lunes pasado de la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata.

La medida fue acogida tras la acción de amparo impuesta por Michel Gay-Ceosier, quien explicó a Listín Diario que tras haber solicitado al director documentación sobre cuentas de servicios e inversiones, cheques, facturas y nóminas públicas, “no quisieron dar información”.

Gay-Crossier informó que interpuso dos amparos judiciales que aún continúan hasta este momento, pero al  no recibir respuesta del edil, procedió con la colocación de la querella penal en nombre de la Asociación para la Protección de Medio Ambiente y del Turismo en la Zona de Cabarete y Sosúa (ASOPORCASO). La querella fue colocada en abril del pasado año, y el actual director fue enviado a juicio de fondo.

A Zarzuela Cruz se le judicializa por presunta violación a la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.

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En la misma línea está Raquel Sierra, exdirectora de la Junta Distrital que se vio involucrada en un proceso similar cuando en noviembre de 2018 notificó su negación de entregar documentación de carácter público.

En ese entonces las informaciones solicitadas trataban en parte de la supuesta compra ilegal de un camión compactador marca Freightliner con un precio supuestamente sobrevaluado de RD$2,700,000.00.

MARVIN BELTRE

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