SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Dos mujeres sometidas a la justicia, otros dos implicados prófugos y una presunta estructura criminal figuran en el expediente del Ministerio Público por el fraude electrónico cometido contra el Ayuntamiento de Santiago, mediante el cual fueron sustraídos RD$3,435,120 de las cuentas de la institución.
De acuerdo con la investigación, el desfalco se habría ejecutado mediante cinco transferencias electrónicas fraudulentas realizadas desde una cuenta bancaria del cabildo hacia cuentas de particulares.
Entre las imputadas figuran Suleiny Esther Amador, residente en el sector Juma, en Bonao, y Yafermi García Araujo, residente en el municipio de Moca, provincia Espaillat. Asimismo, el expediente identifica como prófugos a Jorge Miguel Rivas Medina y Elide Miguelina de las Mercedes, quienes, según el Ministerio Público, también recibieron parte de los fondos transferidos.
El relato fáctico establece que las cuentas beneficiarias recibieron RD$1,579,320 a nombre de Jorge Miguel Rivas Medina, RD$1,509,820 en la cuenta de Suleiny Esther Amador y RD$345,980 en la cuenta de Elide Miguelina de las Mercedes, montos distribuidos en cinco operaciones electrónicas.
Sin controles aparentes
Según el expediente, las operaciones fueron detectadas posteriormente por Banreservas, que procedió al bloqueo de las cuentas involucradas. No obstante, parte del dinero ya había sido retirado antes de que las transacciones fueran detenidas.
El Ministerio Público sostiene que las dos imputadas fueron arrestadas cuando presuntamente intentaban retirar otros fondos vinculados al caso. El expediente también establece que fue la entidad bancaria la que detectó las transacciones irregulares y procedió al bloqueo de las cuentas, lo que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de control y seguridad utilizados por el Ayuntamiento para prevenir este tipo de operaciones.
En ese contexto, el bloque de regidores de Opción Democrática sometió dos solicitudes de información dirigidas al presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’ Oleo, y a la Consultoría Jurídica del cabildo. En ambas comunicaciones, los ediles solicitaron acceso a toda la documentación relacionada con el fraude, incluyendo la denuncia o querella presentada, los nombres de las personas sospechosas y los documentos de soporte del caso, al considerar que se trata de un asunto de alta sensibilidad que forma parte de su labor de fiscalización.
Pese a que la medida de coerción contra las imputadas fue conocida el pasado mes de abril, cuando el Ministerio Público solicitó prisión preventiva por presuntas violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el Ayuntamiento de Santiago no ha emitido una posición pública e interna sobre el proceso.
Modus operandi
De acuerdo a las evidencias obtenidas por el Ministerio Público, las transferencias realizadas por este grupo criminal revelan que operaban de distintos puntos del país, ya que los retiros de dinero se fueron realizados de manera presencial en Sabana Yegua, Azua y Santiago.
Los miembros que se han logrado identificar de esta red delictiva, lograron realizar cinco transferencias fraudulentas a terceros por un total de tres millones cuatrocientos treinta y cinco mil ciento veinte pesos dominicanos (RD$3,435,120.00).
Al momento que el Banco Banreservas logró detectar las transacciones bloqueó las cuentas ya mencionadas, sin embargo, lograron realizar retiros el 24/04/2026 de fondos de 223,000.00 en Sabana Yegua por Rivas Medina a las 2:10:01pm; 250,000.00 en los Álamos Santiago por la imputada Suleidy Amador a las 2:28:38pm y un monto de 380,000.00 en PBG Simón Striddels, Azua a las 2:52:31 pm por Elide Miguelina De Las Merecedes.
Así mismo, la imputada Suleidy Esther Amador, se presentó nuevamente el 25 de abril del 2026 a una sucursal del Banco Banreservas en la oficina UNP Jumbo en Moca acompañada de Yafermi García Araujo, donde tenían la intención de ion de hacer un retiro de 52,000.00 pesos, logrando ser detectada en el momento por la seguridad de dicho banco, quienes rápidamente alertaron a las autoridades.
Con la investigación aún en desarrollo y sin una posición oficial del Ayuntamiento sobre las circunstancias que permitieron el fraude, el proceso volverá a los tribunales el próximo jueves 6 de agosto, fecha en la que está prevista la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a las imputadas, mientras continúan abiertas las interrogantes sobre las fallas que hicieron posible el desfalco y las acciones adoptadas para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.
Sin vínculos aparentes
En su solicitud de medida de coerción el órgano acusador no ha establecido si existe una relación entre los imputados y tampoco si hay algún personal de la alcaldía que esté siendo investigado por este hecho.
HENSY MARTINEZ-RAFELINA HIDALGO-LISTIN DIARIO
