POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Las direcciones de Ética Gubernamental y Contrataciones Públicas y la Procuraduría General de la República constituyen el trípode en que se sustenta la lucha anticorrupción de la administración Abinader, lo que podría motivar esfuerzos descalificadores de diferentes litorales políticos y económicos convergentes en las ventajas de la opacidad.
Cada órgano tiene su función delimitada legalmente, pero confluyen en el esfuerzo de transparentar los procesos administrativos con orientación, regulación e investigación y persecución penal con atemporal alcance pasado, presente y futuro.
Esta dinámica cobra mayor relevancia ante el fracaso de la Cámara de Cuentas, con mandato vencido y sus miembros sometidos a una investigación de la Procuraduría por sospecha de obstrucción de indagaciones sobre corrupción estatal.
Las colindancias sanguíneas, políticas, empresariales, comerciales, escolares y hasta de vecindad se articulan y olvidan o borran compromisos programáticos, ciudadanos e históricos. Angurriosos peledeistas se atragantaron de grandes mordidas al pastel oficial, pero otros más hábiles compartieron el potosí con empresarios y adversarios políticos, como eficaz mecanismo de protección futura.
Hay informaciones que citan altos cargos del gobierno de Danilo Medina que habrían recurrido a estas jugarretas para adelantarse a poner el pellejo a distancia de la franela verde, parte superior del uniforme de interno del nuevo modelo penitenciario.
Estas células se han activado y ahora operan como entes protectores o bloqueadores de indagaciones contables o legales y de acciones punitivas. Este mismo sistema habría accionado para evitar una procuradora independiente y elementos de la sociedad civil como cedazos oficiales.
Milagros Ortiz Bosch, Carlos Pimentel y Miriam Germán son rocas en el camino de los cultivadores de la “vieja política”, que solo conciben el acceso a la administración pública como fuente de enriquecimiento ilícito.
Los obstáculos en una vía se saltan o evaden con las más creativas maniobras, como “el triple salto mortal”, ya practicado por algunos cuyas chaquetas conocen los más diversos colores. La otra opción es la destrucción de la piedra que “obstruye” el paso hasta la dorada meta.
“Mi primera designación es un mensaje claro a los funcionarios del nuevo gobierno y de la Nación: doña Milagros Ortiz Bosch será la responsable de las políticas de transparencia, ética y prevención de la corrupción. Trabajará en transformar la Dirección de Ética es un organismo eficaz”, advirtió el presidente Abinader al designar a la exvicepresidenta de la República. La abogada le tomó la palabra al mandatario y ha actuado en consecuencia.
Ortiz Bosch, de dilatado ejercicio político y de trascendente labor administrativa en el Estado como primera mujer vicepresidenta y ministra de Educación, ha estado libre de cuestionamientos como funcionaria pública.
Germán, de más de 40 años en la justicia, fue víctima de una trama difamatoria, encabezada por el entonces presidente Danilo Medina y su procurador Jean Alain Rodríguez, en una televisada sesión del Consejo de la Magistratura. Navega con viento a su favor, aunque algunos piden mayor velocidad en la persecución de la corrupción.
Carlos Pimentel, exdirector ejecutivo de Participación Ciudadana, aun no ha probado la cicuta de la injuria como funcionario gubernamental, de breve pero activa gestión.
Ortiz Bosch “incomoda” con las regulaciones éticas y sobre transparencia; Pimentel “fastidia” con el estricto cumplimiento legales en las licitaciones y Germán, prestada la espada de Damocles, investiga declaraciones juradas de funcionarios entrantes y salientes y profundiza indagaciones acerca de alegados casos de corrupción.
Las investigaciones y medidas coercitivas iniciaron con las cercanías del expresidente Medina, sector que conserva mucha fuerza económica e influencias en instancias mediáticas y de poder, además de atajos políticos.
¿Recuperado parcialmente de los primeros impactos judiciales, podría intentar quebrar las patas del trípode?
