POR CRISTHIAN JIMENEZ.- El Congreso Nacional es una suerte de “la casa de los trucos”, en la que suceden las situaciones más inverosímiles, asumida la ligera y noble mirada de un ciudadano de a pie.
Es una puesta en escena, con un libreto corregido por el liderazgo de los partidos, en el que nada es lo que aparenta. Unos gritan en contra y están a favor y viceversa.
Presidentes que logran pasar por consensos o en horas una reforma constitucional, son “incapaces” de persuadir a sus seguidores para aprobar un nuevo código por “respeto” a sus convicciones religiosas. Un repetido truco es la observación presidencial en la que ambas partes “quedan bien”.
Los tres presidentes de los últimos 20 años han apoyado las tres causales para la interrupción del aborto y todavía persiste la indefinición.
Avances democráticos e institucionales de la Constitución del 2010 como el Referendo, aun sin aplicar porque faltan las leyes para su concreción.
Alguien se sacó de la chistera la Ley de Ordenamiento Territorial para evadir la definición de Loma Miranda en momentos de fuertes protestas ante la posibilidad de su uso minero. Guardada.
Altisonantes quejas ante los préstamos internacionales, pero antes, en gobiernos del PLD, y ahora con el PRM se aprueban aunque ocasionalmente falten votos al partido mayoritario.
Proyectos rechazados por los legisladores en declaraciones a la prensa, se aprueban; otros con amplios consensos en la sociedad son rechazados.
Los políticos con representación congresual dicen defender en forma absoluta la libre expresión del pensamiento y garantías constitucionales anejas, pero en las cámaras se expresa un laborantismo en la dirección contraria.
Urge la reforma de las leyes electoral y de partidos políticos, pero se logra un veloz consenso para intentar crear una nueva provincia, pese al rechazo general. (Como en la ocasión anterior, se espera la proximidad de las elecciones para sacar una legislación débil en regulación, y alegar nuevamente que es la modificación “posible” y, otra vez, las tijeras del Constitucional).
En el caso del proyecto de Ley de Extinción de Dominio que procura que bienes ilícitos sean traspasados al Estado luce que muchos actores desde el 2011 utilizan las mismas artimañas.
Aprobado en el Senado en 2016 y 2019, perimió en la Cámara de Diputados pese al compromiso de los gobiernos del PLD y PRM en aprobarlo y de la presión abierta de los Estados Unidos.
El abanico de persecución de fortunas ilícitas más allá del crimen organizado ha generado resistencias diversas, debido a las numerosas fortunas al amparo de la función pública y de mañosas relaciones privadas con los gobiernos.
Oficialistas y opositores, además de las escaramuzas de imputaciones descalificadoras, se han aferrado a alegados vicios del proyecto que dicen violarían derechos constitucionales.
Algunos elementos técnicos señalados por expertos (¿técnicos “secos” o contratados?) son magnificados de uno y otro lado, pero al final parece que muchos de estos políticos actúan “al alimón”.
Un amplio segmento de la comunidad política y de negociantes vinculados al financiamiento campañas electorales recela del proyecto por la atemporalidad (se le combate como retroactivo) y porque la ilicitud impide que se configure el derecho constitucional a la propiedad porque “el fraude lo corrompe todo”. La patana electoral arrancó y los partidos buscarán recursos económicos que generan compromisos de compras y contrataciones.
El presidente Abinader que ha reiterado consistentemente el compromiso con impulsar la ley, se arriesgó a afirmar que será aprobada en las próximas semanas y el presidente del PRM, José Ignacio Paliza proclamó que “sí o sí”.
Cuidado: a veces se aprueban leyes con deliberados vicios para que el Constitucional las destruya.
