La ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más acusó este viernes al Gobierno de Daniel Ortega de «criminalizar» el ejercicio profesional de los abogados, luego de que la Corte Suprema de Justicia, controlada por los sandinistas, inhabilitara de por vida a 26 juristas nicaragüenses.
En una declaración, ese Colectivo repudió la suspensión definitiva como abogados y notarios públicos de 26 nicaragüenses, «a quienes criminaliza y castiga por haber acompañado a personas presas políticas y sus familiares en su demanda de justicia y libertad».
«La Corte Suprema de Justicia, al servicio del régimen Ortega Murillo, en una aberración jurídica, totalmente arbitraria, ilegal e inconstitucional, dicta una resolución sin abrir procesos disciplinarios y sin notificación de alguna investigación en su contra», reprochó esa ONG, cuyo presidente, Gonzalo Carrión, es uno de los afectados.
Según esa ONG, la Corte Suprema «dicta remedos de resoluciones, violentando el principio de legalidad, el derecho a la igualdad y la no discriminación, irrespetando las garantías judiciales».
«Se trata de una condena sin el legal y debido proceso, y en la absoluta indefensión», argumentó.
Ese colectivo se solidarizó «con todos los abogados a quienes el régimen castigó por su compromiso con la libertad y la justicia», y denunció «la continuidad de la represión, la ejecución de atrocidades jurídicas a través de penas y castigos contra quienes piensan diferente y han alzado su voz contra todos los abusos de poder».
Sobre su presidente, Gonzalo Carrión, dijo que «con título de abogado y notario o sin él», ratifica su «firme compromiso de continuar documentando violaciones a derechos humanos perpetradas por la tiranía Ortega Murillo y exigiendo el cese de la represión, así como justicia y libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua».
La Suprema Corte suspendió este jueves de forma definitiva a 25 abogados, entre ellos al escritor Sergio Ramírez, a la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, y al exmagistrado del Poder Judicial Rafael Solís, bajo el argumento de que les retiraron su nacionalidad «y son traidores a la patria».
La primera afectada con esa medida, el martes pasado, fue la abogada defensora de decenas de «presos políticos», Yonarqui de los Ángeles Martínez García.
En su resolución, la Suprema Corte decidió anular los títulos de abogado y notario público a los juristas, a quienes les ordenó además entregar sus títulos, protocolos respectivos, sello, y carné de abogacía en 24 horas, «bajo apercibimiento de ley, si no lo hiciese», pese a que la mayoría fueron expulsados a Estados Unidos o residen en el exilio.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
EFE
