POR DANILO CRUZ PICHARDO.- Cada vez el suscrito se convence más de la necesidad de sacar al PLD del poder. Y hoy más que nunca, por las pruebas irrefutables presentadas por el Ministerio Público en los casos de corrupción conocidos hasta el momento en los tribunales dominicanos.
La designación de un Ministerio Público independiente constituye la principal luz de la presente administración, seguido del proceso de institucionalización de los poderes del Estado y, en ese orden, la transparencia en el desenvolvimiento de los órganos estatales, aunque hay funcionarios empresarios que generan sospecha legítima, en el sentido de que en cualquier momento se producirían actos que afecten el interés nacional.
El Gobierno tiene luces que están fuera de discusión. Pero también tiene sombras. Y entre estas últimas están, desde su inicio, la lluvia de decretos favorables a personas poderosas que ostentan cargos públicos, en claro desprecio a dominicanos de clases media y baja, donde sobran hombres y mujeres con calidad académica y ética.
Los hechos revelan que el presidente, nuestro amigo Luis Abinader, prioriza a personas que tienen sus problemas resueltos. Lo demostró con sus funcionarios y hoy continúa la fiesta con las pensiones de 75 mil pesos a ciudadanos que no las necesitan.
Nada tengo contra los favorecidos con decretos presidenciales para el recibo de pensiones, pero la opinión pública estaría mejor edificada si se demuestra que en cada caso hay méritos sobrados. Que son personas, donde hay figuras públicas, que carecen de ingresos que les permita vivir dignamente, con los alimentos y medicamentos requeridos para pasar los años que restan de vida.
Las informaciones recibidas contrarían el espíritu humanitario que debería prevalecer en estos casos. Se trata de acciones irritantes, en un país en el cual abundan miles de jubilados, que trabajaron durante 30 y 40 años para el Estado, que reciben pensiones menores a los 15 mil pesos.Además, aquí hay millones de gentes pobres, ancianos, madres solteras y personas con discapacidades físicas que sí merecen atención gubernamental.
Es un deber de la población aprobar el combate a la corrupción y a la impunidad, la institucionalización de los poderes públicos y la transparencia, pero también es deber rechazar injusticias, como en efecto son esas pensiones a personas con sus problemas resueltos.
