POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Los jueces podrían tener toda la razón en sus reclamos de mejores condiciones de trabajo, pero se empaña la causa por su extemporaneidad y rasgos oportunistas en algunos ámbitos. Además, el sistema de administración de justicia, que abarca a fiscales insuficientes y mal pagados, registra una evaluación negativa por la dominante percepción de impunidad y lentitud de los procesos.
El mandato de Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia concluyó en la primera semana de abril, y mal haría, una irresponsabilidad mayúscula, dar su aval para comprometer económicamente a quien le suceda en la posición. Aunque la responsabilidad no es individual, sino del Consejo del Poder Judicial, se insiste en personalizar el conflicto. (Se atribuye a magistrado plantear que Molina disponga aumentos y mejoras y que el sucesor cargue con las consecuencias).
Los jueces, con la docencia como única opción laboral adicional, precisan de plena garantías para ejercer sus funciones sin urgencias económicas que faciliten arrugas en sus togas, protección que busca la Ley de Carrera Judicial. En 2022 el Consejo aprobó oficialmente el Manual de Compensación y Beneficios del Poder Judicial.
Los sueldos de los jueces oscilan entre RD$125,000 y RD$289 pesos mensuales dependiendo de la jerarquía, con un paquete de beneficios que abarca hasta 15 sueldos anuales, gastos de representación equivalentes al 15 por ciento del salario y asignaciones de combustibles del 10 por ciento del sueldo, seguro médico premiun para el magistrado y sus dependientes directos, seguro de vida garantizado hasta los 80 años, exoneración de impuestos para la importación de un vehículo cada cinco años. Además, gozan de un sistema de pensiones propio y un bono por antigüedad de hasta 5 salarios, con un tope de RD$225, 000 al momento de jubilarse.
Los gremios de jueces emitieron un comunicado leído el día de la paralización de labores, consignando las demandas e imputando dispendio de recursos a los altos mandos judiciales. Posteriormente, informaron que hubo una reunión, pero que solo recibieron promesas, que serían complacidas de forma parcial y escalonadas, algunas sujetas a la inclusión de más recursos para el Poder Judicial en el presupuesto complementario, que el Poder Ejecutivo envía al Congreso Nacional a partir del mes de julio.
¿De dónde podrían aparecer recursos para complacer las demandas, si no es de un aporte adicional del gobierno? Por cierto, una administración que ha recortado gastos y busca afanosamente dinero para enfrentar los impactos de la guerra en el país. Por ley, el Poder Judicial debería recibir 2.66 del presupuesto nacional. Solo le fue consignado un 1.12 por ciento. Nunca se ha cumplido esa legislación.
Un aspecto importante es que el Consejo de Poder Judicial, una suerte del gobierno de los jueces, tiene mayoría de “la base”, esto es que los jueces supremos están en minoría. Solo dos, de cinco, mientras los tres restantes representan a quienes los escogen por votos: los jueces de cortes de apelación, de primera instancia y de los juzgados de paz o sus equivalentes.
Aunque los gremios dicen que tienen mucho tiempo haciendo los reclamos, extrañamente coincide con la evaluación de 11 de los 17 jueces de la Suprema, incluyendo a su presidente, lo que podrían significar un empujón de sus colegas para que se abran esos espacios.
El Colegio de Abogados reclamó la evaluación y destitución de Molina, insistiendo en personalizar el conflicto.
El presidente Luis Abinader, quien preside el Consejo de la Magistratura y cuyo partido goza de mayoría en el órgano de evaluación y elección de los jueces la tiene fácil para salir de miembros que vienen de la administración anterior: sus colegas, ahora, no los quieren…
