POR VINICIO CASTILLO SEMÁN.- La reunión que sostuvo el pleno de la Junta Central con los presidentes de los partidos políticos la semana pasada, lejos de servir para despejar el camino y los obstáculos para las elecciones del 5 de julio, crearon más dudas sobre cómo es que se van a celebrar dichos comicios en los próximos cincuenta y cuatro días.
La dirección de elecciones informó a los partidos que muchos miembros de colegios, presidentes y secretarios comunicaron a la JCE que no van a participar en las elecciones del 5 de julio por el legítimo temor al riego de contagiarse del coronavirus al tener que trabajar por más de catorce horas continuas, recibiendo cientos de votantes y posteriormente contar boletas físicas en los tres niveles de elecciones y elaborar la redacción de actas.
La logística que conlleva la celebración de las elecciones no solo implica a los presidentes y secretarios de los colegios, sino a cientos de miles de delegados y auxiliares, a los cuales también hay que asegurarles su alimentación ese día, con todo lo que eso implica.
La JCE planteó un protocolo de protección para los miembros de los colegios, no así para los delegados de los partidos ni para los votantes. Obviamente, excluir a los votantes de la protección a través de mascarillas y guantes sería fomentar un abstencionismo que convertiría la elección en una mascarada, en una farsa.
Desde el inicio de esta crisis siempre hemos sostenido que la mayor garantía para que se celebren las elecciones del 5 de julio es la contención de la pandemia y el aplanamiento de la curva de contagio. Si eso no se logra y por el contrario se multiplica, sería un crimen plantearle al ciudadano el trágico dilema de que para votar tiene que arriesgar su vida y la de su familia. Otro elemento esencial que pone en riesgo las elecciones es el voto en el exterior, que representa un 8% del padrón electoral. En ningún escenario la JCE puede suprimir ese derecho sin invalidar la legitimidad del proceso electoral. Así se lo plantearon todos los partidos al pleno de la JCE, que hasta ahora ha tenido una actitud poco clara sobre este crucial tema.
Siempre hemos planteado que el palacio no quiso tomar las medidas que había que tomar desde el principio, que son cuarentena estricta por dos o tres semanas y pruebas rápidas masivas a la población, porque uno de sus posibles propósitos políticos era que las elecciones no pudieran celebrarse o que, si esto ocurriera, fuera una farsa con una asistencia mínima en las que ellos creen pueden salir gananciosos. Todas mis advertencias se están cumpliendo. En lo único que el Palacio tiene que estar meridianamente claro es que, dentro de 95 días, el 16 de agosto, a las 10:00 A.M. el presidente Medina, igual que los legisladores, se van para sus casas y que intentar quedarse, bajo cualquier triquiñuela, llevará al país a una gran tragedia de imprevisibles consecuencias.
EL AUTOR ES VICEPRESIDENTE DE LA FUERZA NACIONAL PROGRESISTA, FNP
