POR CRISTHIAN JIMENEZ.- No había que esperar el bochorno del 3 de julio ni amenazas y ruidosas protestas para expulsar del aprobado y vapuleado Código Penal la encarcelación por delito de difamación y el blindaje a la imagen de los funcionarios, entre otras observaciones hechas por especialistas, colegios profesionales, universidades, periódicos y comentaristas de radio y televisión.
Los meses del vacatio legis corrían impertérritos, mientras Finjus, la Asociación de Diarios, abogados constitucionalistas, con participación en numerosas reformas legales se desgastaban en sugerencias y advertencias. Nada. Ya se escuchó a todo el mundo y en agosto 5 arrancamos con el nuevo sistema judicial, era el mantra los voceros de la causa.
“Pero, un día”, decía Rodriguito, en aquel popular programa radial de antaño, llegaron los ruidos de las redes (a los que el gobierno teme, como el diablo a la cruz) de personas que temieron el fin de ese territorio de nadie, en el que coexisten iniciativas interesantes que amplían la diversidad de opiniones con las de sujetos cuya arma principal es la imputación alegre, infamante que posibilita fortunas.
El movimiento coincidió con protestas de sectores en rechazo de la reforma fiscal, cacerolazos, paro médico por el sometimiento a la justicia de dos galenos por alegada mala práctica médica en La Vega, en fin, disturbios para una administración, cuyo partido de sustentación se mantiene en una corrosiva guerrita fratricida.
El martes último Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados anunció, con el apoyo de los voceros de los partidos con representación en el hemiciclo, que se abría un proceso de recepción de propuestas y evaluación de inquietudes que pudieran perfeccionar el Código Penal antes de su entrada en vigencia.
Empero, el viernes el país era sorprendido con el anuncio de que se había “consensuado” una reforma con representantes de plataformas y programas digitales de 16 puntos en el que se rectificaban puntos objetados vinculados a la libre expresión y a las sanciones por difamación e injuria. El presidente Luis Abinader y su ministro de Justicia, Antoliano Peralta, citado como la persona que “tomó anotaciones”, habrían participado en las reuniones.
Horas después la Presidencia de la República informaba, sin referirse a las reuniones celebradas durante “varias semanas”, que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos estaba sometiendo 18 propuestas de reformas.
“La iniciativa incorpora mejoras derivadas de las observaciones y aportes formulados por diversos sectores de la sociedad dominicana, entre ellos juristas, académicos, comunicadores, representantes de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados, con el propósito de fortalecer el texto que será sometido a estudio de la Comisión Bicameral encargada del proyecto de ley de modificación del Código Penal”, refería el comunicado de prensa.
La rectificación forzosa deja el mal sabor de una actitud oficial que resiste razonamientos y argumentaciones técnicas, pero que cede con facilidad y generosidad al ruido de la calle, sin importar, incluso, si se compromete la seguridad jurídica del país, como ocurrió con el caso de la minera de San Juan, a la que se le negó la oportunidad de presentar el informe técnico de una exploración que había autorizado el gobierno.
Una de las más duras decisiones contra haitianos indocumentados derivó de protestas en el este del país que encabezaron “influencers” y autoproclamados líderes populares. Haitianos sacados de casuchas que habitaban desde el siglo pasado y parturientas perseguidas en hospitales.
Es una deriva peligrosa porque los proyectos y decisiones de Estado no dependerán del convencimiento oficial y de una visión programática, sino del capricho de las redes, con figuras ahora infladas de tintes políticos y que se sienten con respaldo de la vocera del poder hegemónico en el hemisferio.
Oremos…
