FINJUS advirerte sobre el impacto negativo que genera la celeridad legislativa sin consenso en el Congreso Nacional
SANTO DOMINGO.- El sector manufacturero nacional, representado por la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (Asibenas), rompió el silencio ante la sorpresiva reforma a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
La entidad advirtió que la aprobación de manera acelerada de este proyecto en el Senado de la República vulnera la estabilidad del clima de negocios en el país.
A través de una posición institucional de alcance gremial, Asibenas manifestó su “profunda preocupación” por el método legislativo.
De acuerdo con la organización, este procedimiento cerró las puertas a un análisis técnico riguroso y anuló la participación efectiva de las industrias directamente afectadas por las nuevas cargas regulatorias.
Inseguridad jurídica y riesgo para las inversiones
Para el gremio de bebidas no alcohólicas, recurrir a la declaratoria de urgencia constituye el uso de una facultad extraordinaria que debe reservarse estrictamente para escenarios excepcionales.
“Resulta especialmente preocupante que esta legislación vuelva a ser modificada mediante un procedimiento acelerado, apenas tiempo después de su reforma anterior. La recurrencia de cambios normativos de esta naturaleza no solo evidencia la necesidad de construir consensos más amplios, sino que genera inseguridad jurídica para las empresas”, manifestó Asibenas.
Emplazaron formalmente a la Cámara de Diputados, instancia a la que fue remitido el proyecto, a deponer la premura, abrir vistas públicas e integrar la experiencia del sector privado para conciliar las metas de sostenibilidad ambiental con la competitividad nacional.
Anadive
A este reclamo se une de manera directa la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive), cuyo presidente, César de los Santos, tildó de ilusorio el nuevo diseño fiscal de la ley.
Anadive rechaza que la contribución especial obligatoria penalice los ingresos brutos por venta en lugar de las utilidades reales, lo que considera que afectaría de forma desproporcionada a intermediarios que operan con altos volúmenes pero con márgenes mínimos de ganancia (entre un 3 % y un 5 %).
El sector automotriz advierte, además, sobre una doble tributación, dado que los vehículos ya cargan entre un 1 % y un 3 % del valor CIF por emisiones de carbono (CO2), sumado a las tasas municipales ordinarias de recogida de basura.
Otras posiciones
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió sobre el impacto negativo que genera la celeridad legislativa sin consenso en el Congreso Nacional, y señaló que la aprobación acelerada de normativas complejas debilita la confianza ciudadana y la calidad de las instituciones democráticas.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, reconoció la facultad constitucional de las cámaras legislativas para dotar al país de leyes, pero cuestionó que las recientes decisiones rápidas prescindan de consultas multisectoriales.
La organización alertó que legislar sin promover acuerdos contradice la tradición dominicana de construir consensos, lo que podría derivar en efectos propios de “democracias vacías”, caracterizadas por conservar las formas institucionales pero perdiendo la capacidad de procesar el conflicto de manera pacífica.
En esa misma línea, la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores) y la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan) advirtieron que indexar las tarifas de desechos al nivel de facturación general y no al volumen real de residuos generados por cada negocio restará competitividad a los servicios y provocará un traslado de costos hacia los precios del consumidor final.
En la acera opuesta, la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), presidida por Iván García, quebró la unanimidad empresarial al respaldar la reforma senatorial.
El nuevo esquema
Bajo el esquema aprobado, las microempresas con facturación de hasta RD$ 5 millones anuales pagarán una tarifa fija de RD$3,500, mientras que las medianas y grandes corporaciones absorberán la mayor presión financiera, con escalas impositivas incrementadas que alcanzan topes de hasta RD$3,000,000 anuales para aquellas con ingresos superiores a los RD$2,000 millones.
¿Qué es esta Ley de Residuos Sólidos?
La Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos es la legislación que regula todo el ciclo de vida de los desechos en la República Dominicana.
Su objetivo principal es proteger el medio ambiente y la salud pública, coadyuvando en la eliminación progresiva de los vertederos a cielo abierto y fomentando la reducción, el reciclaje y la valorización de la basura.
El Fideicomiso de Residuos Sólidos
La ley crea un fondo fiduciario público-privado que se utiliza para financiar la reestructuración de la gestión de la basura en el país. Este dinero se destina a la construcción de plantas de revalorización, el cierre técnico de vertederos a cielo abierto (como el de Duquesa y otros botaderos municipales) y el desarrollo de sistemas modernos de recolección y coprocesamiento.
La Cámara de Diputados se convierte a partir de esta semana en el escenario definitivo de arbitraje, donde los sectores industriales y turísticos intensificarán la presión para frenar el curso exprés del proyecto y forzar una mesa de deliberación técnica antes de su conversión final en ley.
-
-
-
-
