SANTO DOMINGO.- A pesar de que el Programa de Asistencia al Empleado (FASE) se encuentra en su segunda etapa, miles de obreros de la construcción se encuentran hoy con un complejo dilema que impide al empleador, y al propio trabajador, sobre todo al extranjero regularizado y cotizante en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), poder recibir asistencia del Gobierno.
Esa situación, está generando inquietud de cientos de empresas que desde hace varios días afecta al sector de la construcción, que teme pueda degenerar en estallido social, en vista que muchos extranjeros, en su mayoría nacionales haitianos que trabajan el día a día no reciben ayuda mediante el FASE y están a la espera de una salida al problema.
El pasado lunes más de 100 obreros de nacionalidad haitiana se presentaron ante una constructora a reclamar ayuda, debido a que la industria se encuentra paralizada cumpliendo al período de confinamiento y toque de queda establecido por las autoridades y ellos no tienen recursos para su sostenimiento y el de sus familias.
Igual situación atravesó otra gran constructora ayer, cuando a primeras horas en su puerta de entrada había 60 obreros reclamando una solución a la situación de parálisis que enfrenta el sector y la ayuda correspondiente.
La demanda la han hecho de manera conjunta la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi); y la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon), entidades que están a la espera de la discusión del protocolo remitido a las autoridades previo a la reapertura gradual de la actividad que en 2019 priorizó el aporte al producto interno bruto (PIB) de 10.5% y aporta 380,000 trabajadores a la economía del país. Susi Gatón, presidente de la Acoprovi, confirmó la situación que según dijo se la han hecho saber a la Comisión de Alto Nivel, y que tampoco se logró la dispensa que se había pedido a la TSS en 2019, para los trabajadores del sector, tal como la tiene agricultura que tiene trabajadores móviles que laboran cinco, diez y quince día, pero se quiso incluirlos con el salario mínimo de RD$10,500 por mes, cuando esta gente puede cobrar si es por la casa de RD$16,000 a RD$17,000, equivalentes a RD$600 por día o más.
Tampoco se aceptó en la dispensa incluir a los que trabajan por “ajuste”, los que si ganan RD$2,000 no es justo que coticen por los RD$10,500 del salario mínimo y resulta ademáses un costo para las empresas.
DEBATE
En la UNPHU
Al tratar el tema “Impacto y consecuencias del COVID-19 en la industria de la Construcción” participaron Jorge Montalo, de la Acoprovi; Michale El Hage, de la Cadocon; Osvaldo Oller, y Guillermo Alba, con la moderación de Ramsés González. Montalvo, de la Acoprovi destacó que los obreros están paralizados, a sabiendas de que estos viven el día a día y han tenido muchas dificultades para acceder a los programas del Estado.
