El gobierno de Dina Boluarte declaró ayer miércoles el estado de emergencia nacional en Perú y propuso adelantar las elecciones a 2023 para aplacar las violentas protestas que sacuden el país tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo.
“Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos”, anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola, aunque aseguró que la policía y las fuerzas armadas controlan la situación.
Las protestas y tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de al menos siete muertos y unos 200 heridos en una semana, según la Defensoría del Pueblo.
Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras el autogolpe fallido de Castillo y su posterior destitución y detención el miércoles pasado.
Aseguró inicialmente que gobernaría hasta el fin del mandato de Castillo en julio de 2026, como prevé la Constitución.
Pero una ola de manifestaciones que exigen la liberación del exmandatario y elecciones inmediatas la llevaron a proponer un adelanto de los comicios primero a abril de 2024 y luego a diciembre de 2023.
“Legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo haciendo reajustes ayer, conversando, estos se pueden adelantar a diciembre del 2023”, dijo el miércoles Boluarte a la prensa.
El Congreso se reunirá en pleno hoy jueves para debatir la propuesta de ir a las urnas a fines del año próximo.
Sigue el atropello
Castillo, un maestro rural de izquierda de 53 años, es acusado de “rebelión” y “conspiración” por la fiscalía, que busca mantenerlo en prisión preventiva durante 18 meses.
El juez que debía tratar el pedido, Juan Checkley, reprogramó la audiencia para este jueves a las 08h30 (13h30 GMT) tras aceptar los alegatos de la defensa, que se queja de no haber recibido todos los documentos de la causa.
El magistrado indicó que Castillo seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención que le impuso un juez tras su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Castillo se negó a participar en la audiencia virtual. “¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva”, dijo.
AGENCIAS
