SAN FRANCISCO DE MACORIS.- El magistrado Claudio Aníbal Medrano afirmó que en el año 2022 el Poder Judicial dominicano sentó definitivamente las bases esenciales de su transformación, para enfrentar con éxito los desafíos del presente y del porvenir.

Según indica en el año 2022, ha sido aprobada la base normativa que respalda el proceso de transformación digital del Poder Judicial. Hace alusión a la aprobación de la ley 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial, promulgada por el Ejecutivo el 29 de julio de 2022. 

El magistrado juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación y juez coordinador departamental de San Francisco de Macorís, destaca que con la promulgación de la referida ley por el Poder Ejecutivo y de su reglamento de aplicación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

«Quedan vencidos todos los obstáculos normativos; queda habilitado el poder judicial para el uso de plataformas digitales para realizar, gestionar y responder solicitudes, asuntos, trámites, audiencias, notificaciones y comunicaciones digitales, así como lo concerniente a las firmas digitales y electrónicas como instrumentos tecnológicos utilizados por los jueces, secretarios de los tribunales y demás auxiliares concebidos por la ley, dijo citando el indicado reglamento», indicó. 

Sostuvo que el Poder Judicial ya ha desarrollado una impresionante infraestructura tecnológica para controlar sus actuaciones, gestionar el uso de sus recursos humanos y materiales y medir su rendimiento. Precisa igualmente, que el paso más trascendente, ha sido el diseño e implementación del Sistema de gestión de Casos para la estandarización y aumento de la eficiencia en los tribunales, ya implementado en la Jurisdicción civil y comercial completa, incluyendo la de San Francisco de Macorís, y en la jurisdicción laboral, y que ya está en curso para la jurisdicción penal, con lo cual expresa, «todo el hacer de la gestión administrativa y jurisdiccional estará mediado completamente por las nuevas tecnologías, facilitando el trabajo del personal de apoyo y sobre todo de los jueces y juezas, y evitando el retrabajo para la puesta al día definitivamente en todos los tribunales». 

En este sentido precisa el magistrado que «cuando hablamos de infraestructura tecnológica, hablamos de un sistema de integridad y transparencia que hará posible el Fortalecimiento del servicio judicial a través de un sistema de tableros de control y monitoreo basados en la nube y disponibles en línea».

Indica que esto nos permitirá saber con certeza los casos asignados a cada juez o jueza, y el índice de respuesta que se le ha dado. Con lo cual podemos tener control del trabajo de cada servidor judicial y vencer definitivamente la mora judicial.  

El magistrado habló en estos términos en su discurso pronunciado en la audiencia solemne con motivo del día del Poder Judicial, en la Sala de Audiencias de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, el sábado 7 de enero de 2022.

Su discurso inicia diciendo «Hoy concurrimos a esta Sala de Audiencias… para conmemorar el día del Poder Judicial, tal como está previsto en el párrafo del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial».  

El magistrado presidente de la Corte Penal, dijo así mismo que, la digitalización de expedientes está en proceso de culminación para todos los expedientes activos en soporte físico y, que hoy todo lo que se recibe en el centro de servicios secretariales es digitalizado y tramitado electrónicamente. 

También se ha podido recoger del referido discurso en torno a la labor reglamentaria desarrollada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que este año también se ha aprobado el Protocolo de actuación contra la violencia, discriminación y acoso del Poder Judicial, con el objeto de lograr un entorno social y laboral saludable. Se han actualizado los reglamentos del sistema inmobiliario para fortalecer la confianza para la inversión y seguridad jurídica, como el Reglamento General de Tribunales de la Jurisdicción inmobiliaria, el Reglamento General de Registro de Títulos, el Reglamento General de Mensuras Catastrales y el reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde. 

En opinión del magistrado Medrano, “Se trata de una labor de creación normativa de origen legal y reglamentario sólo comparable a la que se produjo con la aprobación e implementación del Código Procesal Penal, en la primera década de este siglo. Solo que ahora, soporta el proceso de transición hacia la toma de control de todos los productos y servicios del Poder Judicial; hacia la eficiencia y la transformación digital de la justicia dominicana”. 

Por otro lado, al valorar la gestión de los tribunales afirma que los resultados del trabajo realizado en los diversos tribunales de su departamento en el año 2022, augura lo que va a suceder en el Poder Judicial en el porvenir inmediato, aun sin los recursos presupuestarios que la ley le acuerda. 

Dijo así «Todo lo que hoy ocurre, está conectado con la puesta en marcha en el año 2020 del plan estratégico institucional Justicia 20/24”. 

Tras hacer un resumen del resultado del trabajo en los tribunales de San Francisco de Macorís, dijo finalmente, que según se puede apreciar en el Tablero de Control de Gestión de Tribunales, “ningún departamento del país está por encima del nuestro”. 

Precisa que durante al año, recibieron 159,150 solicitudes registradas en el tablero de control de gestión de los tribunales, de las cuales respondieron hasta el momento de cierre de su informe 157,535 lo que representa un porcentaje de respuesta a las solicitudes de 98.88% en todo el departamento. 

Los Jueces del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, son jueces valientes, competentes, dedicados y honorables, que honran a la justicia dominicana. 

La expresión al produjo el magistrado Claudio Anibal Medrano Mejia, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís y Juez coordinador departamental, en su discurso del día 7 de enero de 2023, para dar inicio al año judicial y conmemorar el día del Poder Judicial. 

Según las palabras del magistrado Medrano Mejía, «la mejor cara de la justicia francomacorisana es que se le ha dado la fama bien ganada de ser un escenario con tribunales de derecho. Pero advierte que jugar este papel genera compromisos; el compromiso de no entrar en las inmunidades del poder y de actuar siempre con responsabilidad, prontitud, con justicia y eficacia». 

Dice que, a menudo se critica a la justicia penal cuando se adopta decisiones de descargo o absolución o por las decisiones de cese de prisión y de vencimiento de medidas de coerción. 

“Se quiere hacer creer”, expresa, “que una sentencia de descargo es un indicador de debilidad de la función judicial, igual que las resoluciones que cesan y declaran la extinción de una medida de coerción, cuando puede ser todo lo contrario”. 

Sostiene sobre este punto qué “hacer valer el derecho en una decisión de condena, es una actuación que, por lo general, resulta plausible a los ojos de la opinión pública, pero decretar el cese, la extinción de la prisión preventiva cuando el derecho lo reclama, es un acto de responsabilidad y de lealtad procesal que a menudo suelen apreciar los afectados o sus familiares cuando los tienen y los más leales conocedores del derecho”. 

Para el juez presidente de la Corte Penal, los casos de extinción de la acción penal son muy raros respecto de la duración máxima del proceso.

Expresa que «afortunadamente, los casos de extinción por exceder el tiempo máximo de duración del proceso son casi inexistentes. Tenemos indicadores claros de que el promedio general de casos se decide en primer grado antes de los dos años; que:  Los casos más frecuentes de extinción ocurren en las etapas tempranas del proceso, debido al retardo en la presentación de actos conclusivos». 

El juez reconoce, sin embargo, que el Poder Judicial se halla aún en una etapa de transición y que aún se encuentran indicadores de mora en el trámite de algunos asuntos. Por lo que dijo que, los cambios operados en el año 2022 deben servir de base para prevenir que aparezcan decisiones de mayo o junio que no se hayan notificado en el mes de diciembre. 

Enfatizó que «ya recuerdan ustedes aquel aforismo de que una justicia tardía, es justicia denegada. No basta saber que hasta ayer la mora judicial estaba referida a los casos pendientes de años anteriores. Tenemos que ser eficaces cien por ciento. Hay que admitir que todo retardo más allá de los plazos establecidos es una forma de funcionamiento anormal del sistema y los tribunales de este departamento lo han venido diciendo. Es tiempo de ver hacia nosotros mismos, para evitar que nuestras propias actuaciones sean causa de vulneración de derechos y de los intereses de las partes». 

Se refirió al modo en que los jueces comunican sus decisiones en nuestros días. Dijo que el modo de comunicar lo que deciden está en crisis.

Afirma que «los jueces y juezas debemos tomar en cuenta que a la velocidad con que hoy se manejan las cosas, el enorme volumen de información que recibimos y difundimos, nos reclama una comunicación más efectiva con las partes, para que puedan comprender e impugnar las decisiones ante instancias superiores». 

Conecta el modo de comunicación judicial con la necesidad de motivación de las decisiones. Por esto sostuvo que «la exigencia de motivación de las decisiones, parece no importar mucho en la sociedad de consumo de información, es un factor que genera una crisis de legitimación de la función judicial, de la que tenemos que hacer conciencia los servidores judiciales, porque lo que dice si una decisión judicial es correcta o incorrecta, es precisamente la motivación que jueces y juezas le dan; no hay otro modo de saber con certeza, porqué decidimos lo que decidimos y cómo responde lo decidido a los valores, principios y reglas del derecho vigente». 

Alude a la exigencia de motivación como una garantía que no debe convertirse en un obstáculo al acceso a la justicia, y afirma que “Así, los jueces estamos llamados a motivar y entregar las decisiones en tiempo oportuno para hacer la justicia accesible. Apreciamos que el ciudadano común antes que las razones tan valiosas para el sistema de justicia, parece esperar saber tan solo lo qué el tribunal ha decidido. La experiencia nos muestra que, si la decisión judicial llega a tiempo el proceso opera como un remedio, pero que cuando llega con retraso se puede convertir en otro mal”.  

Recuerda que, en el mes de octubre de 2022, se produjo en San Francisco un encuentro regional con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para presentar el proyecto, Justicia al Día para Garantizar la Dignidad de las Personas y dijo, al respecto:  Por eso hemos dicho muchas veces que la extinción del proceso penal, por no decidir a tiempo, es una tragedia. Todo el mundo se queda sin respuesta. Y aun el que propone la extinción, aunque gana, pierde. Al menos cuando se trata en verdad de un inocente. Ni que decir del desamparo de las víctimas en estas circunstancias. Por eso resultan tan relevantes los proyectos de optimización del proceso y de justicia al día para la garantizar la dignidad de las personas.  

Finalmente, pondera la interferencia en la labor de los jueces vinculada al uso de medios de comunicación como escenario para dirimir conflictos apoderados a los tribunales. Valora que: Peor es la situación cuando las reglas del juego se quiebran y los propios actores del proceso empiezan a confundir sus roles, porque entonces los ciudadanos comunes no logran descodificar qué papel juega el abogado de las partes, el fiscal o el juez en el proceso. 

Fue enfático en su discurso sobre este punto cuando dijo: Más que en el juego de Fútbol, softball o el béisbol el proceso de enjuiciamiento tiene reglas esenciales destinadas a garantizar la igualdad de las partes; a garantizar los derechos y garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, de las que se ha encargado a los jueces, juezas y tribunales como entes imparciales e independientes en un Estado constitucional de derecho. Que una parte pretenda asumir el papel de juez, o peor aún, que pretenda asumir el rol de juez de los jueces y juezas juzgando sus decisiones ante la prensa, es una distorsión institucional, incluso podría decirse, una osadía y una indisciplina institucional imperdonables…

Sin embargo, al final de su exposición sobre este punto, el discurso del juez presidente de la Cámara Penal de San Francisco de Macorís, adopta una postura abierta.

Dice que «Las críticas, vengan de quien vengan, aunque vengan envueltas en insolencias destinadas a cuestionar el más recto proceder de los tribunales y en escenarios inadecuados, son oportunidades de mejora. Pero desde luego, momentos para afirmar aquellos criterios y cuestiones de principio que llenan de preocupación a quienes buscan el camino fácil, para acallar el reclamo de justicia de la ciudadanía. No hay otro modo de garantizar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos que haciendo posible el reino del Estado de derecho». 

Fue entonces cuando se refirió a la valentía que atribuye a los jueces de San Francisco y dijo: «Como ha dicho el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, en este departamento contamos con jueces, juezas y servidores, judiciales que son orgullo de la nación. Jueces valientes, dedicados y honorables que, de forma responsable, adoptan decisiones a menudo difíciles e impopulares pero apegadas a las exigencias del debido proceso y de la tutela judicial efectiva; garantías del proceso, que son como ha dicho el más notable de los positivistas críticos de nuestro tiempo, el maestro Luigi Ferrajoli, garantía de garantías». 

Ningún departamento está por encima del Departamento de San Francisco de Macorís en el grado de respuesta a las solicitudes de servicios. 

A nivel departamental, el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, todos los tribunales presentan el mismo grado de rendimiento, a veces mayor eficiencia. La totalidad de tribunales del departamento presentan un índice de respuesta a los asuntos contenciosos y administrativos por encima del 80%. 

Debo decirles que, en el Tablero de Control de Gestión de Tribunales, ningún departamento del país está por encima del nuestro. Durante al año, recibieron 159,150 solicitudes registradas en el tablero de control de gestión de los tribunales en el año 2022, de las cuales respondió hasta el momento de cierre de este informe 157,535 lo que representa un porcentaje de respuesta a las solicitudes de 98.88% en todo el departamento. Todos los tribunales están sobre el 97% en este aspecto. 

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el magistrado Claudio Anibal Medrano Mejia, en el discurso de conmemoración del día del Poder Judicial y de rendición de cuentas como juez coordinador departamental, el sábado 7 de enero de 2023. 

Ante toda la comunidad de jueces, juezas y servidores judiciales del departamento, el magistrado coordinador departamental dejó establecido que Si detallamos las cifras dadas por distrito judicial, podemos verificar que en el Distrito Judicial de Samaná se recibieron 33,006, solicitudes y los tribunales respondieron 32,607, para un porcentaje de respuesta de 98.79%. En María Trinidad Sánchez, los tribunales recibieron en su totalidad 30,119 solicitudes y respondieron 29,819 para un porcentaje de respuesta de 99.17%. En el distrito judicial de Hermanas Mirabal, los tribunales recibieron 15,483 solicitudes y respondieron 15,403 con un porcentaje de respuesta de 99.48%. 

Y, finalmente, sostuvo que en el distrito judicial de Duarte, se recibieron 80,542 solicitudes en el año y se respondieron 79,496, lo que representa un porcentaje de efectividad en la respuesta de 98.70%. El tiempo promedio de respuesta en los tribunales fluctúa entre los 11 y 13 días, lo que comporta un desafío de mejora del tiempo de respuesta, que no debe pasar de cinco días. 

Destacó que en el aspecto infraestructural se han hecho importantes mejoras tendentes a garantizar el acceso de todos y todas. En el Palacio de Justicia de San Francisco, ahora tiene unas rampas en sus dos puertas de acceso principales, y un ascensor en proceso de instalación que quizás pudieron ver al llegar y que se espera recibamos a fines del próximo mes de febrero. 

Sostuvo también el magistrado Claudio Anibal Medrano, que está en carpeta la remodelación y señalización de parqueo del estacionamiento del lado de la parroquia San Martín, en donde se conservan las placas de señalización de fiscalizadores y jueces de la jurisdicción inmobiliaria, además de sus aceras rotas por eclosión de las raíces de los árboles sembrados allí. 

Una nota importante, es que el ascensor y las rampas concluidas en el mes de agosto forman parte de las líneas de acción planteadas con la presentación del plan estratégico institucional en Puerto Plata, noviembre del año 2019, para facilitar el acceso de todos y todas en las sedes judiciales de la República.

Reseña la terminación de diversas obras en el año 2022, que incluyen: la habilitación de las oficinas del centro de citaciones y notificaciones de hermanas Mirabal, habilitación del espacio de las Salas uno y dos del Juzgado de Paz Especial de Tránsito y la Sala de Audiencias de estos juzgados, así como la habilitación del despacho del juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte, para el horario extendido. 

Indica también, importantes mejoras hechas para crear un clima de trabajo afable tanto para los y las integrantes de los tribunales, como para la comodidad de los usuarios del sistema en ciertos casos. Indicando la instalación de diversos equipos de aire acondicionado, con los que se concluyó entre los meses de junio y octubre de 2022, la ambientación de todos en los espacios de trabajo del sistema judicial en la sede del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, incluyendo las Salas de Audiencias, y en muchos otros del departamento que precisó en su discurso. 

El magistrado Claudio Anibal Medrano, presenta los retos para el Poder Judicial en el departamento de San Francisco de Macorís para el año 2023. 

Al hablar con motivo del día del Poder Judicial, el juez coordinador departamental, dijo que entre los principales retos para el año que comienza se incluyen: 

• Implementar el sistema de gestión de casos en la justicia penal y consolidar su implementación en materia civil y laboral. 
• Completar los jueces faltantes, empezando por los lugares más críticos. Samaná y María Trinidad Sánchez. 
• Eliminar la mora judicial mediante la motivación y entrega oportuna de las decisiones judiciales, dentro del plazo de reserva o de lectura integral, desde enero del año 2023.- 
• Garantizar el proceso de notificaciones judiciales en forma ascendente y descendente en la cadena de requerimientos y respuesta de los alguaciles. 
• Seguir impulsando una cultura de eficiencia superando toda fuente de retraso en la práctica de los tribunales y a partir de la universalización del sistema de seguimiento de casos y el expediente electrónico, mediados por el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en los servicios judiciales.  
• Fortalecer e incentivar desde la MCI y desde la dirección del proceso en los casos concretos, el uso de vías alternas de resolución de conflictos hasta alcanzar los niveles pensados en la reforma procesal penal a partir de la experiencia de puerto y de EE. UU. 
• Seguir fortaleciendo la mesa de cooperación interinstitucional, como mecanismo de solución a las disfunciones del sistema mediante la colaboración recíproca y la comunicación entre las diversas agencias del sistema de justicia.  
• Instalación de programa Speech-to-text para convertir en texto los testimonios recibidos en las audiencias de los tribunales colegiados de manera simultánea, para evitar el retrabajo y acelerar los procesos de motivación de las decisiones. 

En torno al alcance de estos desafíos, expresó: «Estamos luchando por una justicia al día sin dilaciones ni retardos innecesarios. Pero, sabemos que nuestra mayor contribución a la seguridad jurídica depende más que de la celeridad de los procesos, de la certeza del derecho, en la solución efectiva de los conflictos, como base para el mejorar la convivencia pacífica, asegurar confianza en el sistema de justicia, y propiciar su desarrollo sostenible”. 

Finalmente, el juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de apelación concluyó su discurso con estas palabras: 

“El año 2023, es el tiempo para consolidar las innovaciones del año 2022, el año de la eficiencia, de la transparencia e integridad. La justicia ha sido confiada a los tribunales y ahora que sabemos cómo nunca lo que tenemos entre las manos, no podemos defraudar a los ciudadanos, dejando para mañana lo que podemos hacer hoy. Porque lo que necesita el pueblo dominicano, no son vengadores sociales ni justicieros; necesita paz, justicia e instituciones sólidas”.