SANTO DOMINGO.- El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, no cree que el proyecto de ley de fideicomiso público que se discute en el Congreso sea un subterfugio del gobierno para privatizar los bienes públicos, como alegan los partidos de oposición.
Dijo que «ese alegato es un falso debate y una distracción, porque el proyecto, como ha sido planteado, no da cabida a que haya una privatización, porque todos los elementos son del Estado, como la fiduciaria, el director ejecutivo, el fideicomitente y los beneficiarios. Cuando se disuelve el fideicomiso, también será del Estado».
«Además, el Comité Técnico, que generó muchos debates, estará compuesto mayoritariamente por funcionarios públicos», agregó.
Abreu manifestó preocupación porque «se está utilizando la figura para hacer inversión pública sin los controles que conlleva ese tipo de iniciativa ejecutada por el Estado y el uso del patrimonio público».
Agregó que «esos controles están establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones, en la Ley de Crédito Público, en la Ley de Información Pública, porque en el proyecto de ley se pretende plantear que el endeudamiento no constituye deuda pública a menos que el Estado lo garantice. Pero, sin embargo, se compromete el patrimonio fideicomitido que es un patrimonio público».
“Entonces es un espejismo decir que está súper regulado, no está ningún súper regulado, y eso es lo que nos ha generado preocupación, que se esté utilizando la figura para hacer inversión pública sin los controles de la ley”, advirtió Abreu en el programa D’Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema, donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.
Dijo que “nos preocupa también que el proyecto de ley plantea que la contratación de personal se haga en el marco del Código Laboral, y no bajo los criterios de la Ley de Función Pública, principalmente en el personal que, obviamente, no es empleado público”.
“Y, obviamente, sabemos a lo que se presta, que se administre inversión pública, compras, contrataciones de personas, de servicios, fuera de la Ley de Compra, y contratación de empleomanía en el marco privado y contratación de deudas públicas sin los controles de la Ley de Créditos Públicos”, señaló.
