POR DANILO CRUZ PICHARDO.- El país requiere de un Código Penal, porque el vigente es de la época de Trujillo. No está en consonancia con una sociedad que se ha transformado en todos los órdenes y demanda de una normativa jurídica que comprenda las modalidades delictuosas de las últimas 6 décadas.
Vergonzosamente el proyecto de un nuevo código se encuentra en el Congreso Nacional desde hace más de 25 años y todo indica que los intereses políticos, económicos y religiosos impiden su aprobación.
Luis Abinader, presidente de la República y quien controla al Poder Legislativo, prometió, antes y después de arribar a la jefatura del Estado, que dotaría a los dominicanos de un nuevo Código Penal, pero su mandato se agota y se observa que con extrema rapidez se aprueban leyes innecesarias e inclusive leoninas al interés nacional.
La Ley de Fideicomiso Público se aprobó al vapor, sin que Abinader haya convencido a un solo dominicano sobre su necesidad. Además, esa ley contiene unos diez artículos que ameritan modificación, porque las reglas son ambiguas. Ya antes se había aprobado el Fideicomiso de Pedernales, para el “progreso” de esa provincia.
Nadie se opone al desarrollo de esa demarcación, pero ¿el Estado ofrecería la misma oportunidad a todos los interesados en que les levanten obras turísticas, conforme al concepto de igualdad establecido en el Art. 39 de la Constitución? ¿Se harían concursos públicos?
Nada! Esas tierras y esas inversiones que haría el Estado tienen nombres y apellidos desde la campaña electoral. Se trata de regalar patrimonios que nos pertenecen a todos. Esas leyes son leoninas.
Recientemente el presidente Abinader sometió un proyecto de ley sobre trata de personas y facilidades para migrantes, que es un mandato de Estados Unidos y organismos internacionales, que han actuado de forma irresponsable en torno al caso haitiano y procuran que carguemos con la tragedia.
Albergamos a más de un millón de sus nacionales, pese a que tenemos nuestros problemas propios, como pobreza, desempleo y déficits en educación y salud, entre otros. ¿Qué más podemos hacer por Haití?.
Ante la superpoblación de ilegales, lo que procede es la aplicación de la Ley 285-04. En un momento se hizo un aguaje, pero Estados Unidos se molestó y se dio marcha atrás. Por presión similar el levantamiento de la verja fronteriza fue detenido. Para colmo Abinader quiere otra ley leonina al interés nacional.
